El juez chileno Carlos Cerda procesó y ordenó el arresto de la viuda del dictador Augusto Pinochet, fallecido el 10 de diciembre de 2006, de los cinco hijos del matrimonio -Augusto, Marco Antonio, Lucía, Verónica y Jacqueline- y de 18 ex militares y estrechos colaboradores por las cuentas secretas en el Riggs Bank.

Entre estos últimos figuran los generales retirados Guillermo Garín -ex vicecomandante en jefe del Ejército y portavoz de la familia- y Jorge Ballerino. Ambos estaban al cargo de la llamada «Casa Militar», el comité asesor castrense instalado en La Moneda. En la lista también aparece Ambrosio Rodríguez, uno de los abogados defensores de Pinochet que, en los largos años de la dictadura, fue procurador general de la República, cargo ya suprimido.

Tres de los procesados son funcionarios en activo en el Ejército. Se trata de los coroneles Juan McLean Vergara, ex agregado militar de Chile en Estados Unidos, y Mortimer Jofré, otrora jefe de relaciones públicas de la rama castrense y secretario de Pinochet, y Mónica Ananías, también secretaria del dictador chileno.

«Presunciones fundadas»

En una resolución de 55 páginas, el juez considera que hay presunciones fundadas de la implicación de los procesados en el desvío, hacia cuentas personales del dictador, de fondos reservados que eran manejados por la citada «Casa Militar». El propio Pinochet estaba enjuiciado por fraude y uso de pasaportes falsos, por lo que se le había retirado la inmunidad. Pese a estar procesado por éste y varios casos más en relación a la Operación Cóndor, nunca fue juzgado.

La investigación se abrió en 2005 tras descubrirse que tenía cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades, en las que, desde los años 80, había acumulado con una decena de nombres falsos una fortuna superior a 26 millones de dólares. De esta suma, según el auto judicial, sólo se ha acreditado la legalidad de unos seis millones.

En un encuentro con periodistas, el magistrado subrayó que «estando acreditada, con los copiosos antecedentes que se vierten en la resolución, la existencia del delito de malversación de caudales públicos, hay presunciones fundadas, también justificadas en la resolución, de que esas personas han tenido participación en ese delito».

«Nos interesa, como jueces, que la justicia genere paz sobre la base de la verdad», manifestó. Expresó, además, su esperanza de que la sociedad «tenga esta posibilidad de acceder a la veracidad de ocurrido».

«País con Estado de Derecho»

Según informaron las autoridades, las mujeres procesadas serán trasladadas al «Centro de Orientación Femenino» y los civiles hombres ingresarán en dos penales de la capital, mientras que los militares cumplirán su detención en un batallón de la Policía Militar. La excepción será Lucía Hiriart, que casualmente sufrió un desmayo al conocer su arresto y fue ingresada en el Hospital Militar.

Las detenciones se produjeron entre cámaras de televisión y fotógrafos. El semblante de las hijas del dictador para nada transmitían preocupación por su situación judicial.

Ante estas detenciones, practicadas por la Policía de Investigaciones y Carabineros, la presidenta chilena Michelle Bachelet destacó que nadie en su país está por encima de la ley.

«Esta es una resolución judicial, las policías han cumplido la orden del juez y las personas se encontrarán con el juez», respondió a preguntas de los periodistas en Valparaíso.

Consideró que este operativo contra la familia Pinochet y ex altos cargos militares «no debería causar ninguna agitación. Nadie en Chile puede creer que puede estar sobre la ley. Este es un país con Estado de Derecho, donde la justicia tiene que cumplir su papel», reiteró.