Arantxa MANTEROLA

También en esta ocasión lo acompañaban el presidente de la Federación Bio de Aquitania, Jon Harluxet y un biólogo. Una vez reunidos ante la iglesia de la pequeña localidad colindante con el último pueblo de Lapurdi, la caravana se puso en marcha hacia el campo ya visitado a finales de julio. Algunos pies de maíz parecían haber crecido; otros tenían el mismo aspecto raquítico que presentaban la primera vez cuando Poey denunció que su campo experimental para analizar el impacto que pudiera tener el maiz transgénico -plantado teóricamente por primera vez en la zona- sobre el resto de cultivos había sido deliberadamente devastado.

Como si de una calva se tratase, en medio del campo asomaba un círculo desnudo donde no ha vuelto a brotar la menor brizna de hierba. Apenas unas pocas decenas de mazorcas esmirriadas habían conseguido asomar en los pies de maíz, las suficientes sin embargo para permitir un análisis del grano cuyo resultado es categórico: el maíz biológico, plantado bajo control notarial y siguiendo el protocolo establecido con los técnicos homologados por el Consejo Regional de Aquitania subvencionadora del experimento, ha sido efectivamente contaminado por organismos genéticamente modificados, es decir, por transgénicos.

El agricultor exhibió los documentos de los laboratorios que demuestran que el maíz de Poey contiene al menos 0,14% de transgénicos lo que, automáticamente, le desposee del label de producto biológico como se lo ha comunicado ya el organismo Qualité France que, además le prohibe utilizar el escaso grano para volver a sembrar y le invita a destruir las dos parcelas contaminadas. Por lo tanto, Poey no sólo ha perdido la producción de este año sino que en muchos más no podrá utilizar esa tierra para siembras biológicas y tendrá que volver a reunir todas las condiciones para recuperar la calificación Bio.

Pero aún hay más. Al no concurrir ninguna de las circunstancias habitualmente cubiertas (causas climáticas, exceso de agua...) el seguro le ha comunicado que no tiene derecho a indemnización alguna.

Producto desconocido

Harluxet explicó que han procedido sin éxito a indagar qué materia activa ha sido utilizada para destruir el maíz sembrado pero, tras compararlo con 40 diferentes, no han podido determinarla. Añadíó que dichas comprobaciones son muy costosas -entre 300 y 400 euros por materia analizada- y que al haber cientos de ellas, han desistido en el intento de identificación.

Lo que les resulta obvio es que, tanto los dos campos de Saint-Dos como los otros tres del departamento de Lot-et-Garonne que participaban en la experimentación, han sido contaminados por transgénicos, lo que para Harluxet «demuestra que la tan cacareada cohabitación de los diferentes tipos de cultivo es imposible».

Se quejaba, además, de que tengan que ser las asociaciones o federaciones de agricultores quienes tengan que demostrar la contaminación cuando debería ser labor de los poderes públicos, a los que reprochaba su desidia por no aplicar el principio de precaución.

Acercándose a las colmenas de abejas situadas a pocos metros de la parcela destruida, Harluxet informaba de que han comprobado que el polen almacenado en ellas para la alimentación de las larvas también está contaminado al 3% con transgénicos.

«¿Quién ha sido?»

Antes de finalizar la didáctica gira, Bernard Poey manifestó su intención de llegar hasta el final: «Quiero saber quién ha contaminado mis campos» declaró con contundencia y al mismo tiempo con la esperanza de que el juez ante el que llevará la demanda consiga la lista de agricultores que han sembrado maíz transgénico en la comarca de Bidaxune ya que la Gendarmería no ha podido lograrlo.

Poey necesita conocer al responsable directo para intentar compensar el perjuicio sufrido. Sin embargo, tiene clara que la responsabilidad última (o primera) es de la Administración por autorizar la siembra de un tipo de plantas «cuyas nefastas consecuencias -decía- no hacen más que empezar a conocerse».