La redada ha pillado por sorpresa a la opinión pública en general, pero no a la izquierda abertzale. Por un lado, como GARA informó ayer, ya existía constancia de la intensificación del cerco policial a todo tipo de reuniones. Y por otro, era conocido que el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, había contactado en las últimas semanas con agentes internacionales que participaron en el proceso de negociación frustrado -allí hubo observadores, auspiciadores o mediadores de cuatro naciones diferentes- para advertirles de que el Gobierno del PSOE iba a atacar policialmente a la izquierda abertzale y tratar de justificar su posición.

En esa ronda de contactos, Rubalcaba proyectó una amenaza concreta de practicar decenas de detenciones (citó un número de tres dígitos) en el caso de que se produjeran víctimas mortales en algún atentado de ETA tras la ruptura del alto el fuego. Sin que haya ocurrido tal cosa, el Gobierno ha promovido la detención de múltiples dirigentes de la izquierda abertzale, incluidos miembros de la comisión negociadora como Arnaldo Otegi -ya en prisión-, Rufi Etxeberria y Arantza Santesteban -también participantes en las conversaciones de Loiola y en comisaría actualmente-.

Pernando Barrena confirmó el viernes noche en Radio Euskadi que tenían constancia de esta iniciativa del ministro de Interior, al que esta semana Xabier Arzalluz ha señalado expresamente como la persona que, según los datos de que dispone el ex presidente del PNV, dio el no definitivo a la propuesta de acuerdo presentada por los mediadores internacionales en la reunión definitiva de mayo.

Como reveló GARA en el cuadernillo especial sobre el proceso de negociación, en aquella doble cita definitiva entre Gobierno-ETA, por un lado, y PSOE-Batasuna, por otro, los mediadores pusieron por escrito una propuesta de solución política que había sido esbozada en una pizarra por los representantes del partido de Zapatero. Pese a que la izquierda abertzale se mostró dispuesta a aceptarla y ETA puso en la mesa un compromiso concreto de desmantelar sus estructuras militares en el proceso -dato que también confirma Arzalluz-, el Gobierno español dijo finalmente no.

La sorpresa y el desencanto que entonces reflejaron varios de los observadores y mediadores de aquel proceso puede haber aumentado con estas detenciones. Y también con la cons- tatación -a través del auto de Garzón- de que el PSOE espiaba las reuniones internas de la izquierda abertzale mientras aparentemente mantenía con ella un proceso de negociación que incluyó una reunión pública, la que se produjo el 6 de julio de 2006 en Donostia. Garzón incluye en sus argumentos para encarcelar a Joseba Álvarez la vigilancia policial a supuestas citas internas mantenidas en aquellos días: el 19 de junio en Etxarri-Aranatz y el 10 de julio en Elgoibar, por ejemplo.

Por aquel entonces, ETA ya había reprochado al Gobierno en la mesa de negociación el incumplimiento del compromiso de permitir de facto la actividad política de la izquierda abertzale. Fue en la ronda de reuniones de junio. Los enviados de Zapatero rechazaron cualquier responsabilidad y se limitaron a culpar a problemas de conexión con la Audiencia Nacional y las FSE, así como a la presión del PP: «Hemos sido ingenuos al pensar que las cosas iban a pasar del negro al blanco tras el 22 de marzo», argumentaron de modo exculpatorio.