La necesidad de instaurar el empleo de calidad para acceder a unas condiciones de vida dignas es una tarea que la sociedad demanda. Es urgente. Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó en una jornada que organizaron, de manera conjunta, la fundación Ipar Hegoa y LAB en Bilbo. En este encuentro, también se vio la necesidad de abordar una ofensiva sindical «con capacidad para recuperar el poder en los centros de trabajo, así como su incidencia en la orientacón y control del capital social gestionado por las administraciones públicas». En el fondo, se trata de «desenmascarar la farsa que supone el derecho al empleo si no va acompañado de las garantías necesarias para el reconocimiento del derecho al empleo digno».

En la actualidad, la tasa de temporalidad de Euskal Herria duplica a la existente en la Unión Europea, lo que significa que la precariedad laboral se ha instalado en el mercado de trabajo como un elemento consustancial. Si se mantiene en el tiempo esa situación de desequilibrio, las condiciones de trabajo y las reivindicaciones de los trabajadores se verán perjudicadas «de forma irreversible». De hecho, existe una pérdida progresiva del poder adquisitivo, dado que los salarios reales han tenido una rebaja en los últimos quince años, justo en el momento en el que los empresarios han logrado los beneficios económicos más elevados de su historia.

Ipar Hegoa y LAB explican que «resultan evidentes los cambios que se vienen dando en el mundo del trabajo y su incidencia negativa en el conjunto de derechos que conforman las relaciones laborales». Lamentan que la denominada Estrategia de Lisboa «esté avalando las sucesivas reformas laborales y un recorte de la protección social» con el objetivo de «construir en Europa la economía más competitiva del mundo». Recortes se producen en Alemania, en el Estado español, en Gran Bretaña y en el Estado francés, donde el presidente Nicolas Sarkozy incentiva la realización de horas extraordinarias, para terminar con la vigencia de las 35 horas, que marcaron una referencia para el movimiento obrero europeo. En ese caso, la decisión del Estado francés de reducir el tiempo de trabajo y la introducción en Alemania de esa reducción de la jornada de trabajo en determinados sectores productivos provocó que el resto de los empleados demandaran salidas similares, como manera de repartir no sólo la riqueza sino el empleo. Sin embargo, la presión de los empresarios está echando por tierra esa reformulación de la jornada de trabajo debido, precisamente, a que la patronal ha encontrado en la precarización del empleo una salida adecuada a sus pretensiones.

Debate de 35 horas

Esa situación ha ocurrido en Euskal Herria y en el Estado español, donde tras una huelga general en favor de las 35 horas se ha ido cediendo terreno a los posturados de la patronal, de forma que en estos momentos, se hacen más difícil de recuperar en el sector privado. La razón fundamental que se deriva de esa pérdida de poder reivindicativo se encuentra en que las administraciones públicas han cedido al poder de los empresarios, con lo que el efecto que las 35 horas iba a tener en la creación de empleo se ha sustitudio por más rotación de empleo. Hay menos paro, pero el empleo es más precario y los salarios que perciben los nuevos trabajadores son tan bajos que hacen imposible una vida digna e independiente. Estos elementos salieron en la jornada, en la que Michel Husson, responsable del IRES y de la Fundación Copernico de la economía alternativa, señaló que sería necesaria la aplicación de la reducción del tiempo de trabajo. «Una reducción del 10%, sin pérdida de salario y con contrataciones proporcionales, permitiría reducir inmediatamente a la mitad el paro europeo. Podría, a la vez, ser reabsorbido rápidamente por una reducción creciente del tiempo de trabajo a las 32 horas». Pidió a los sindicatos y a los movimientos sociales que se rearmen para hacer frente a la unidad de los empresarios «en contra de los derechos de los trabajadores».

Creación de empleo

Mikel de la Fuente, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Director de la Escuela de Relaciones Laborales, explicó que «no se ha probado» que exista una relación que la mayor rigidez laboral en el conjunto europeo suponga una menor creación de empleo, es decir lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos.

«El logro en materia de creación de empleo en Europa es la creación de diez millones de empleos entre los años 1996 y 2001, de los cuáles dos millones de empleos en Francia fueron debidos en gran parte a la reducción del tiempo de trabajo, es decir no han resultado de la aplicación de las recetas neoliberales». Aseguró que entre 1998 y 2002, el Estado francés fue el país que más crecimiento tuvo en empleo asalariado medido en jornadas a tiempo completo, «mientras que en Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña, Portugal, Finlandia y Suecia, el crecimiento del empleo fue de tres a cinco puntos inferior al de la actividad económica, en Francia esa diferencia se contrajo a dos puntos. Es decir -explica el profesor- el crecimiento fue más rico en empleo».

Para De la Fuente, otra característica que se ha producido en la UE en los últimos años es que las sucesivas reformas laborales, que se han impulsado en distintos países, han tenido un efecto negativo sobre el empleo, es decir lo han ido precarizando de una forma excesiva. Esto ha provocado una reducción de los salarios, ya que con la entrada masiva de la temporalidad el peso de los salarios ha bajado debido a las diferencias existentes entre los trabajadores fijos y los temporales. Esta doble escala salarial se produce, en general, en toda Europa. En el Estado español se calcula que uno de cada cinco asalariados percibe menos de 1.000 euros al mes y un 40% no supera la barrera de los 1.200 euros. Entre los trabajadores más jóvenes, se calcula que un 21% no percibe más de 600 euros, rozando el salario mínimo interprofesional, fijado en 570 euros al mes.

Mikel de la Fuente explica que «el carácter precarizador de la evolución salarial se demuestra con datos de Eurostat que ha ido acompañada de una progresiva reducción del peso de los salarios en el PIB, que habría pasado de representar un 75,8% en 1981 a un 71,3% en 1991 y a un 68,5% en el año 2002». En el Estado español, la caída de los salarios en relación a la riqueza es mucho mayor, ya que ha pasado de representar el 60% en 1986 al 48,6% en 2005, lo que demuestra que los beneficios empresariales ocupan más parte de la tarta. «En el Estado español los beneficios empresariales se han incrementado un 73% entre 1999 y 2006 - expone De la Fuente-, lo que supone más del doble de la media de lo que ha ocurrido en Europa». A todo esto, el profesor universitario añade las ventajas que obtienen las rentas altas en cuanto a bonificaciones y reducciones de tasas en los impuestos, que son costeados por los presupuestos públicos.