(...) Una operación tan aparatosa como jurídicamente débil y políticamente torpe, además de grave desde el punto de vista democrático. En 1997, la sentencia condenatoria fue tan insostenible -eso sí, políticamente muy efectiva para Aznar- que el Constitucional se vio obligado a anularla. Ahora, una Batasuna en claro declive tras la frustración y desorientación que le ha dejado un proceso reventado por ETA, vuelve a ser descabezada por otra garzonada . Esta vez, las necesidades electorales de Zapatero y la presión a la que le tiene sometido la derecha política y mediática han condicionado el contexto. La utilización interesada de los poderes del Estado con fines políticos, el contrasentido que supone encarcelar precisamente ahora a quie- nes hasta hace poco han sido validados como interlocutores -muchos de los cuales han estado compareciendo públicamente como tales día sí día también- y, sobre todo, la posible vulneración de derechos fundamentales son un peligroso camino. Echar mano de métodos de dudosa legitimidad democrática para combatir actitudes antidemocráticas es una derrota de los mismos valores que se dice defender, porque abierta la veda, nadie sabe dónde se sitúa el límite. A su vez, Batasuna tildó ayer el encercelamiento de sus líderes de «castigo» y «venganza», un análisis que puede tener su lógica, pero que tampoco puede realizarse como si ETA no hubiera dinamitado el proceso de paz, como si no hubiera condenado a la propia izquierda abertzale a un callejón sin salida (...)