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Informe «índice de percepción de corrupción 2007»

El «enorme escape de recursos» es consustancial al empobrecimiento

J.V. | GASTEIZ

«Las críticas de los países ricos hacia la corrupción en los países pobres tiene poca credibilidad cuando sus instituciones financieras se asientan sobre la riqueza robada a las personas más pobres del mundo», declaró con rotundidad Akere Muna, vicepresidente de la ONG Transparencia Internacional, durante la presentación pública del ``Índice de Percepción de Corrupción 2007'' en la capital británica.

Elaborado con sondeos que cubren ya 180 países y territorios, el informe los clasifica según los niveles de percepción de la corrupción entre funcionarios y políticos. Somalia y Myanmar comparten el último puesto, con una puntuación de 1,4.

En el otro extremo de la tabla se encuentran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, premiadas por su justo sistema judicial y finanzas públicas transparentes con un 9,4. En el infome correspondiente al año 1997, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda, por este orden, encabezaban la lista de los menos corruptos; la cerraba Nigeria, en el puesto 52, en la mitad de los países hoy analizados.

«Pese a algunos logros, la corrupción sigue implicando un enorme escape de recursos vitales para la educación, salud e infraestructura», dijo Huguette Labelle, presidenta de esta organización, que insistió en la fuerte correlación entre corrupción y pobreza.

Los centros financieros mundiales tienen un papel fundamental en permitir que los funcionarios corruptos escondan e inviertan los fondos, denuncia el informe, especialmente crítico con los ejemplos de Nigeria y Filipinas, donde las autoridades saquean millones de dólares.

Recuperar lo sustraído

Precisamente, para hacer frente a ese saqueo histórico en muchos países, la ONU y el Banco Mundial se embarcaron el pasado mes en una campaña para recuperar de los políticos corruptos lo robado a países pobres, con el fin de dedicar ese dinero a la salud y el desarrollo. La iniciativa también pretende controlar el uso de los bienes recuperados, a fin de que el dinero repatriado sea utilizado con propósitos de desarrollo.

Funcionarios públicos en países pobres y del disuelto bloque soviético se embolsan sobornos de, al menos, entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, aproximadamente entre un 20% y 40% del valor de toda la asistencia oficial al desarrollo, según la ONU y el Banco Mundial.

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