«En Navarra no hay ninguna crisis». Con estas palabras José Javier Armendariz, ex consejero de Industria Comercio y Trabajo, cerró el pasado mes de febrero el debate provocado por deslocalizaciones de empresas y cierres que llevaron al paro a cientos de trabajadores. «Sólo son cuatro entre las 12.000 empresas» instaladas en Nafarroa, decía el político refiriéndose a Mepamsa, Caucho Metal, Inquinasa y BSH-Lizarra, y rechazó toda responsabilidad de la Administración diciendo que «son las empresas las que recortan empleo, no nosotros».

Sin embargo, la lista crece -ya no son sólo cuatro-, al igual que las críticas, mientras que cientos de trabajadores pronto tendrán que esperar su turno en las oficinas de paro. El Gobierno de Miguel Sanz, entretanto, guarda silencio pese a ser un actor de primer orden en esta nueva crisis, al ser Solano y Onena firmas que en su día las sociedades públicas Nafinco y Sodena dejaron en manos privadas, concretamente en las de José Rudiez, dueño de Solano, e Ignacio Mendizabal, de Onena. En ambos casos, Txelui Moreno (EAE-ANV) ve la «larga mano de UPN».

No obstante, la huelga iniciada por trabajadores de Sysmo el pasado lunes rompió el mutismo de Sanz, ya que el paro afecta a su multinacional más mimada, Volkswagen (VW), prácticamente paralizada desde entonces. Están en juego 129 puestos de trabajo.

Otro tanto ocurre en Maier, donde el «plan de viabilidad» presentado por esta empresa nacida bajo el paragüas del Grupo Cooperativo Mondragón propone eliminar 107 puestos de trabajo e incluso la deslocalización de medios de producción de la planta del Valle de Ultzama a la República Checa.

Nada de ello es nuevo, al contrario. Los anuncios de deslocalizaciones y despidos se han repetido con tozudez a lo largo del año, entre el empeño oficial de mirar a otra parte, los anuncios de beneficios empresariales millonarios, y las pomposas declaraciones de los políticos a la hora de apuntarse a ese 4% del crecimiento de la economía en Nafarroa.

Relato de diez meses

El pasado viernes los trabajadores de Solano y Onena acompañaron a los de Sysmo en la manifestación que tuvo lugar en Iruñea. En realidad, el presente año amenaza con irse de igual manera de como se inició.

En este sentido, quizá sea conveniente repasar lo ocurrido con empresas que ya son triste pasado y aún doloroso presente para sus víctimas.

Mepamsa dejó en la calle a 193 trabajadores tras un rápido proceso. La multinacional Franke comunicó el cierre de la planta el 16 de enero y el 28 de mayo Luis Soto (UGT), presidente del comité de empresa, anunciaba el apoyo del 87% de la plantilla al «plan social» acordado con la empresa junto a CCOO. Las jubilaciones, prejubilaciones y traslados a Zaragoza acabaron con 44 años de trayectoria.

Respecto a Caucho Metal, en la planta de Viana aún hay alguna actividad de mantenimiento y media docena de trabajadores sacan material. En las estanterias, relató Oscar Olleta (LAB), se ve bastante material, pero ahora «son las arañas las que hacen sus nidos allí», añadió.

En este caso la suerte de los 140 trabajadores fue dispar. Parte de la plantilla fue trasladada a Logroño -otra parte de la producción fue deslocalizada a Rumanía-, los eventuales -la mitad de la plantilla-, que fueron a la calle ganaron después las reclamaciones, y junto a las bajas incentivadas finalizaba el periplo de una empresa que se instaló en Viana en los años 90 al calor de las ayudas.

BSH, por su parte, ya no es la empresa señera de Lizarraldea. En los años 80 casi 800 personas trabajaban en la multinacional filial de Siemens, mientras que para el año 2009 está previsto que queden solo 137. En tres años serán 140 los obreros que se queden sin rabajo. Este año los trabajadores de 56, 57 y 58 -alrededor de 70- serán los primeros en irse para casa.

El caso de Inquinasa colea desde junio, cuando el Gobierno de Nafarroa y los ayuntamientos de Iruñea y Zizur llegaron a un acuerdo por el que preven instalar en los terrenos de la empresa una estación del TAV.

Oscar Cayón, responsables de Químicas de Nafarroa, calificó de «auténtico pelótazo» porque el Ejecutivo navarro «indemnizará» con 65 millones de euros a la empresa, que sólo destinará una «pequeña parte» para indemizar a los despedidos, «lo mínimo que establece la ley», indicó. La firma construirá una nueva fábrica en un lugar sin determinar, pero sólo con el 20% de la actual plantilla, que asciende a 150 trabajadores.

Inquinasa, indica Cayón, terminará por convertirse en una «promotora inmobiliaria», con lo que el «negocio es redondo».

La empresa «tiene fecha de caducidad», ya que, pese a que los trabajadores continúan sin noticias, en un año está previsto que comiencen las obras.

En relación a la planta de Onena de Ibiriku, Cayón estima que el expediente de rescisión de contratos para 70 de los 89 -la empresa quiere deshacerse de 32 trabajadores- es un «paso intermedio para el cierre total de la empresa». La fábrica de Ignacio Mendizabal se encuentra en huelga desde el 1 de octubre, y nadie ve razones sólidas para la presentación del expediente.

El comité de empresa de Solano tuvo la pasada semana el «privilegio» de explicar la situación de la empresa en la comisión de Industria y Trabajo del Parlamento navarro, pero además de las «buenas palabras» de los políticos y la solidaridad, incluso por parte de UPN, tuvieron ocasión de conocer de primera mano cómo funciona la alta política. Allí supieron que el contrato de compraventa de Solano por parte de Nafinco a Rudiez no debe ver la luz. El caso es que el documento, según les explicaron, se ha «traspapelado» en el cambio de gobierno. Sospechoso. Los 58 trabajadores de la plantilla también se encuentran en huelga.

Las críticas al Gobierno de UPN también han arreciado por su «responsabilidad» en estas crisis. Txelui Moreno, electo de EAE-ANV al Parlamento de Navarra, denunció «la actuación del Gobierno de UPN en un tema tan grave como la deslocalización industrial demuestran que su política económica consiste en obedecer la voz de su ama, que no es otra que la patronal y las multinacionales». En concentraciones de apoyo, Moreno afirmó que los casos de Solano, Onena y Maier dejan patente que «Navarra va bien para unos pocos a costa del sacrificio de muchos».

Por su parte, el mahaikide Patxi Urrutia, detenido el jueves por la Policía española, indicaba dos días antes que «lo que está sucediendo en Navarra es consecuencia directa del modelo económico y de desarrollo que bajo el amparo del Amejoramiento del Fuero impera en Navarra desde el franquismo. Un modelo basado en la subordinación de la economía a los intereses del capital multinacional, que pivota sobre un peligrosísimo monocultivo industrial que otorga en la práctica a la empresa VW la capacidad de decidir sobre el futuro de todo Navarra y que está ocasionando problemas de desindustrialización en comarcas enteras de Navarra».

Entretanto, el coordinador de ELA en Nafarroa, Mitxel Lakuntza, indicó al presentar un estudio elaborado por el sindicato que en Nafarroa está en crisis «el modelo industrial», no el sector industrial, y destacó los riesgos por el «monocultivo industrial» centrado en la automoción y la agroalimentación, y por la dependencia que existe de las multinacionales.