Iñaki Galdos, presidente de EA de Gipuzkoa, señaló que la «discrepancia» con el PNV en relación al tipo del Impuesto de Sociedades «de ninguna manera» supone que exista una «crisis» en el seno del gobierno foral de Gipuzkoa, que es «fuerte», y que tampoco lo «pone en cuestión». EA, en definitiva, acepta que el PNV incumpla el punto más importante que dio origen al Gobierno de coalición.

Acompañado del juntero Joxean Rekondo, Galdós aseguró que su partido será «coherente» y respetará «escrupulosamente» el proyecto de norma foral que aprobó junto a PNV en el seno del Gobierno foral, que contemplaba un tipo impositivo del 30%. El representante de EA señaló que está «orgulloso» del trabajo que realizan con el PNV en el Ejecutivo foral, con «proyectos estratégicos interesantes para el futuro de Gipuzkoa», y una labor «de mutua lealtad».

El dirigente de EA no quiso entrar en «polémicas» con el PNV, aunque reconoció que es «algo extraño» que haya presentado una «batería de enmiendas» a un proyecto que fue presentado públicamente por el propio diputado general, Markel Olano (PNV).

Iñaki Galdos destacó que el PSE estaba dispuesto a apoyar el proyecto de norma, con lo que «la aprobación estaba garantizada», aunque el PNV no era de la misma opinión. Sin embargo, EA reconoce que si no se llega a un acuerdo en el pleno de las Juntas Generales, y «si no sale este proyecto de norma foral, porque está claro que el del 28% no puede salir, nos quedaríamos con la norma vigente, que sí sería malo para la economía guipuzcoana».

A su juicio, PP y PNV «son conscientes de que el peor escenario» es que no se apruebe esa norma foral y «retroceder al escenario del 32,6%».

Por otro lado, el secretario general de LAB, Rafa Díez, calificó de «vergonzosa» la actitud del PNV que «quiere quitar 82 millones de euros a los gipuzcoanos con la rebaja del Impuesto de Sociedades». El máximo responsable de la central sindical rechazó esa medida que «en un contexto de crecimiento facilita beneficios récord a los empresarios, en muchos casos a costa de las condiciones laborales y la reducción de los costes sociales».

Rafa Díez entiende que los efectos o consecuencias del crecimiento económico tienen que servir para políticas fiscales y sociales «que sean instrumento de reparto de la riqueza y de las rentas, en lugar de ir por ese camino que PNV y PP trazan de regalar dinero a los empresarios y recudir la capacidad de la administración pública».