En 2007 celebramos el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, conmemoración que debe servir para denunciar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos y subrayar la justeza de la lucha del pueblo saharaui por su independencia. Lucha amparada por la legalidad internacional que persigue una solución para construir un futuro en paz y libertad mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Esto es, la celebración de un referéndum libre, democrático y transparente para la independencia del Sahara, un derecho que representa justamente lo contrario de las falsas propuestas de autonomía con las que el Reino de Marruecos pretende impedirlo.

El Sáhara tiene derecho a la independencia según la ONU. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, el Sáhara es un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. Tanto es así que el caso es analizado anualmente en la Comisión de Descolonización de la ONU -en la que este año he tenido ocasión de participar-, y esta organización tiene allí destinada una misión: la MINURSO.

Marruecos no es potencia administradora, sino ocupante del Sáhara Occidental. Una ocupación desautorizada en diversas ocasiones por la ONU. Los Acuerdos de Madrid no supusieron la transferencia administrativa del Sáhara del Estado español a Marruecos; queda invalidado, por tanto, cualquier argumento de transferencia de soberanía.

Ya en 1975 la Corte Internacional de Justicia aprobó un dictamen en el que consideró aplicable al Sáhara la resolución 1.514, que reconoce el derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación y la independencia, mediante una consulta a su ciudadanía. Cuatro años más tarde, en 1979, las Naciones Unidas reconocían al Frente Polisario como movimiento de liberación nacional y único y legítimo representante del pueblo saharaui.

Más recientemente, en el informe sobre la misión llevada a cabo en mayo y junio de 2006 en el Sáhara Occidental, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que «la cuestión del derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental es primordial para la consideración de la situación global de los derechos humanos». Recuerda que «el derecho de autodeterminación es un derecho humano consagrado en el Convenio Internacional de los Derechos Políticos y Civiles y en el Convenio Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales», por lo que «el respeto de todos los derechos humanos de la población del Sáhara Occidental debe ser considerado conjuntamente con este derecho».

En ese mismo informe, elaborado un año después del comienzo de la intifada pacífica saharaui, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos constata la intensificación de la represión por parte de Marruecos. Una represión ejercida mediante la violación sistemática del derecho a la vida, la libertad, la seguridad de las personas, a un juicio justo; y la negación de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y movimientos... Incluso la práctica de torturas y el trato inhumano o degradante, como alertan anualmen- te organizaciones independientes como Amnistía Internacional. Otros hechos tan graves como la desaparición de personas siguen aún pendientes de solución.

El ejemplo contrario a esta realidad aberrante lo ofrece el Gobierno de la República Arabe Saharaui Democrática. En condicio- nes extremas garantiza a su ciudadanía en los campamentos de Tindouf y en el Sáhara Occidental libre el acceso a la educación, la sanidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y un largo etcétera de derechos y de servicios que nos hablan de la labor de un gobierno democrático, y la dignidad de un pueblo organizado.

Urge impulsar el proceso de paz. Una justa y democrática resolución del conflicto que respete los derechos del pueblo saharaui. Cabría esperar por parte del Gobierno español la única actitud digna y responsable posible: su apuesta decidida por ese proceso en el Sáhara Occidental, en tanto que responsable administrativo de la zona ocupada por Marruecos. Actitud que sería avalada por el sentimiento pro-saharaui generalizado en la sociedad.

Lo expuesto está recogido en diferentes resoluciones de la ONU, de su Asamblea General, su Consejo de Seguridad y su Comisión de Derechos Humanos, y en declaraciones del Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo, parlamentos estatales, nacionales y ayuntamientos.

Es por ello que debemos exigir su inmediato cumplimiento a todas estas organizaciones. Y así lo hice el pasado 10 de octubre ante la ONU, primera y fundamental responsable de exigir respeto a sus propias resoluciones. Una exigencia que acompañé de otras tan urgentes como que la MINURSO articule los mecanismos necesarios para vigilar que Marruecos respete los derechos humanos; la denuncia de los acuerdos concluidos por Marruecos sobre explotaciones petrolíferas, mineras y de pesca en territorio saharaui firmados por el Consejo de Europa; y que la comunidad internacional y las agencias de la ONU (ACNUR, OCHA...) sean las que garanticen que el pueblo saharaui llegue al referéndum en las condiciones de vida y salud adecuadas, evitando convertir la ayuda humanitaria en un medio de presión.

Debe ponerse fin urgentemente a un conflicto que lo padece quien no lo comenzó: ese pueblo saharaui al que debe ser devuelto lo que es de justicia, su soberanía. Y es precisamente la ONU la que tiene la máxima responsabilidad de hacer justicia y garantizar el respeto a los derechos del pueblo saharaui. Sencillamente haciendo cumplir sus propias resoluciones.