CCOO y UGT rechazan que Lakua gestione los fondos de formación continua
CCOO y UGT mostraron ayer su rechazo a que los fondos destinados a la formación continua sean gestionados directamente por Lakua y no participen los sindicatos y la patronal. En su opinión, esta medida supone una ilegalidad y acabará con el cierre de Hobetuz.
GARA |
CCOO y UGT rechazaron ayer en la reunión de Hobetuz una propuesta del Gobierno de Lakua para que el desarrollo y gestión de la formación continua la lleven a cabo exclusivamente centros autorizados y no los agentes sociales. A juicio de ambos sindicatos, esta medida «incumple la norma estatal que da cobertura a los fondos procedentes de Madrid», por lo que la consideraron «ilegal». En opinión de estas centrales sindicales, el Gobierno de Lakua «se deja llevar por las presiones de ELA y LAB a la hora de tomar sus decisiones, llegando a plantear propuestas contrarias a la legalidad y que acabarán con el cierre de Hobetuz». Por ello, auguraron un «futuro muy negro» para Hobetuz.
Según explicaron, la propuesta, «solo aceptada por Confebask», supone que Lakua, «después de varios años rechazando la transferencia de los fondos para formación continua correspondientes a la CAV, ha decidido aceptarlos, de forma que podríamos disponer de una cantidad casi de 30 millones de euros para financiar las acciones formativas de este año», señalaron.
En su opinión, la aceptación de estos fondos «implica su obligación de cumplir con las normativa estatal que regula su aplicación», que supondría que los agentes sociales puedan actuar como solicitantes de ese dinero. CCOO consideró que la propuesta fue rechazada por ELA y LAB por «su rechazo a una transferencia de fondos condicionada desde Madrid para eliminar al 100% las posibilidades de impartir formación a CCOO y UGT y de paso a Confebask». ELA y LAB han reiterado su rechazo al modelo español de reparto de fondos de la formación continua que, en su opinión, acaba sirviendo para financiar de modo irregular a los agentes sociales que los gestionan.
CCOO y UGT quieren que sean los agentes sociales, sindicatos y patronal, los que gestionen los cursos formativos. Para ELA y LAB, este modelo encubre una financiación irregular.