La Ley de Memoria Histórica que el PSOE ha logrado acordar con distintos grupos en el Congreso español -entre ellos, PNV y NaBai- no convence a formaciones que han trabajado durante años a favor del reconocimiento de las víctimas del franquismo. Aspectos como que las sentencias dictadas por los tribunales franquistas no se anularán salvo que los interesados emprendan un farragoso proceso están en la base de este rechazo.

Es el caso de ANV, formación de la izquierda abertzale fundada en los años 30 del siglo XX. Antxon Gómez, su secretario general, destaca, en primer lugar, que «esta es una ley que llega tarde, 30 años después de la muerte de Franco. Ahora se habla de que hay que quitar los símbolos franquistas de las calles, pero mucho militantes de ANV que lucharon en la Guerra murieron viendo esos símbolos en sus calles».

Otro aspecto que Gómez critica de esta ley es que cambia el nombre del Archivo de Salamanca, que se convierte en Centro Documental de la Memoria Histórica. «Lo que tienen que hacer es devolver todo lo que robaron los fascistas, como los cientos de documentos de ANV que aún están en Salamanca», destaca Gómez, que recuerda que la devolución del patrimonio histórico fue «otra tomadura de pelo, ya que no indemnizaron a nadie por los años en que usaron los locales que nos quitaron sin pagar renta».

Junto a ello, Gómez denuncia que desde la muerte de Franco, no ha habido la más mínima sensibilidad hacia las víctimas del fascismo. «Es ilustrativo el caso de un concejal de ANV de Gorliz que estaba enterrado en el cementerio de Ezkaba. Para poder exhumarlo, los militares impusieron unas condiciones vergonzosas: no permitieron a la familia hacer ningún homenaje y prohibieron grabar o sacar fotografías».

Y es que, al comparar la situación legislativa del Estado español con países como Alemania o el Estado francés, la impunidad del fascismo queda en evidencia. «Recientemente leí en `Argia' una entrevista a un fascista de Tolosa que participó en el bombardeo de Gernika que justificaba la destrucción de la ciudad. Ver algo así en una publicación alemana o francesa sería imposible porque se castiga la apología del genocidio y del fascismo», destaca Gómez, que recuerda que en Chile y en Argentina, donde han padecido dictaduras más recientemente, se ha castigado a los responsables de la represión.

La diputada de EA en Madrid, Begoña Lasagabaster, también critica la ley impulsada por el PSOE. En una comparecencia celebrada ayer en Donostia, destacó que su partido no apoyará el texto si no incluye «los conceptos de verdad y justicia, además del reparación».

Lasagabaster explicó que para que la ley tenga el apoyo de EA, el Gobierno deberá poner «todos los medios jurídico-técnicos necesarios para que las víctimas puedan acceder a la nulidad de las sentencias», que el material incautado y trasladado a Salamanca se devuelva a sus legítimos dueños y que «las víctimas de los abusos policiales de la transición sean considerados de la misma manera que otras víctimas».

Visto bueno de PNV y NaBai

Nafarroa Bai, en cambio, mostró su «satisfacción» porque el texto legal «por fin haga una condena de la guerra y del franquismo», aunque considera que «todavía quedan por atar flecos importantes», según señaló ayer su diputada en Madrid, Uxue Barkos.

El parlamentario de NaBai en Iruñea Ioseba Eceolaza, por su parte, destacó que «por fin se van a poder cerrar heridas con ideas básicas como la justicia y el reconocimiento explícito del dolor sufrido y con una apuesta clara en contra de la dictadura».

El PNV también se ha manifestado a favor de esta ley, al considerar que el proyecto «ha mejorado ostensiblemente» gracias a varias de sus enmiendas en aspectos como simbología, exhumación de fosas o el acceso a los archivos. Sin embargo, los jeltzales aún perciben «ciertas deficiencias».

Fuera de Euskal Herria, la oposición a esta ley -al margen del PP, por motivos totalmente opuestos- la protagoniza ERC. Joan Tardà, diputado en Madrid, explicó que ERC no puede apoyar este texto, puesto que «no anular los juicios franquistas legitima los tribunales de la dictadura» y porque «equipara el bando franquista y el republicano».

Junto a ello, Tardà considera que «si se han tardado 30 años en llegar a este punto, lo que no se puede hacer es una ley a medias» y denuncia que esta norma «no cumple con la expectativa generada con las víctimas del franquismo por el mismo Zapatero en la anterior legislatura y en su debate de investidura».

Aunque IU se ha manifestado a favor de esta ley, el PCE la ha criticado duramente, llegando a calificar de «autista» a Gaspar Llamazares y al grupo parlamentario. El PCE reclamó que la anulación de las sentencias se produzca de oficio y recordó que numerosos militantes de este partido «sufrieron cárcel y fueron asesinados por su ideología comunista».