El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene prisa con la Ley de Memoria Histórica. A la vista del apretado calendario parlamentario, el Ejecutivo del PSOE ha optado por pisar el acelerador, y lo ha hecho anunciando un acuerdo con IU-ICV sobre el texto de la iniciativa que, con algunos retoques, tendría el respaldo de PNV, CiU, NaBai y BNG.

A la espera de lo que concluya el trabajo de la ponencia, los nacionalistas catalanes han hecho constar verbalmente su intención de incorporar alguna mención a las «víctimas causadas por el bando republicano», con lo que parecen suscribir, si no en todo sí al menos en parte, la pretensión de la derecha española de dejar de lado la memoria para instaurar la amnesia histórica, al tratar de poner en segundo plano el hecho de que el 18 de julio de 1936 se produjo un alzamiento militar de inspiración fascista contra un gobierno democrático.

Por su parte, el PNV mostraba su satisfacción -al igual que la diputada de NaBai, Uxue Barkos- por la receptividad encontrada a algunas de sus propuestas, lo que hace pensar que darán su apoyo a una ley que, en su redacción actual, no contempla la anulación de las condenas franquistas. Ello dejaría a los supervivientes de la dictadura en la tesitura de emprender por su cuenta una batalla legal en los actuales tribunales.

Más allá de abolir algunas leyes y bandos franquistas -en una medida que plantea dudas a los juristas sobre las consecuencias de remarcar la vigencia de esos «textos legales» hasta la fecha de abolición- y de impulsar la retirada de símbolos fascistas de edificios públicos, privados y religiosos -medida que puede quedarse en mera estética ya que, de hecho, existe ya una normativa pública al respecto y bastaría con que fuera aplicada para que no perdurara esa simbología, sin ir más lejos en Nafarroa-, este proyecto de ley, tan largamente esperado, no refleja como debería las aspiraciones de cuantos trabajan por recuperar la memoria histórica y, por descontado, de las víctimas de la dictadura franquista y de la represión durante la «transición democrática».