Lakua «renuncia a que la formación en la CAV sea decidida aquí en función de las necesidades y las reglas de juego acordadas aquí, pasando a convertirse en una subdelegación de Madrid para hacer lo que otros decidan» y «desprecia a Hobetuz, que nació al amparo de un acuerdo interprofesional para la gestión de un modelo de formación propio, basado en la calidad y con un protagonismo de los centros de formación profesional». Así de rotundos se pronunciaron ayer representantes de ELA y de LAB al analizar la situación de Hobetuz después de que Lakua haya aceptado los fondos de Madrid. «Si Hobetuz muere, será el Gobierno quien le mate, ya que nosotros estamos donde estábamos», subrayaron.

Los secretarios adjuntos de ELA y LAB, Adolfo Muñoz y Ainhona Etxaide, respectivamente, y los representantes de ambos sindicatos en Hobetuz, Luis Manuel Agirre (ELA) y Josu Bilbao (LAB), contrapusieron «las grandes declaraciones en la defensa de nuestro ámbito de decisión» con la gestión diaria del Gobierno de Lakua y concluyeron que «carecen de credibilidad. Son los mismos que aceptan las resoluciones del Estado absolutamente condicionadas para determinar el modelo perverso de Formación Continua, que tiene por objeto que las organizaciones patronales y sindicales se financien. Eso es lo que ha aceptado el Gobierno», precisaron, antes de apostillar que es Lakua quien tiene que explicar «por qué ha renunciado a una defensa histórica».

«Lobby empresarial»

A la espera de esa explicación, vaticinaron que «quiere financiar, igual que en Navarra, un modelo de relaciones laborales en donde se consolide la paz social, untando a los sindicatos».

Consideraron que el Ejecutivo de Lakua es «cada vez más claramente un lobby empresarial que defiende los intereses de los empresarios y quiere tener paz, que les dejen hacer».

Explicaron que el modelo de Formación Continua acordado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tenía como objetivo que «nadie que imparta formación continua se haga rico, que no haya negocio por parte de estructuras creadas a tal efecto».

En Madrid, Gobierno, patronal, CCOO y UGT pactaron un modelo que se asienta en una serie de premisas: «Yo soy el competente para decidir; yo voy a decidir, hago la normativa y le doy una especie de carácter básico, de tal manera que con la normativa impongo el modelo a todo el Estado». En este planteamiento prima, según LAB y ELA, «el negocio frente al modelo de formación basado en la calidad y en las necesidades del mercado laboral y del trabajador».

Hasta ahora se había negado toda transferencia de fondos financieros a Hobetuz mientras el Ejecutivo no aceptara el sistema integral de formación definido en Madrid.

Ahora, con los fondos transferidos, Lakua realizará unas convocatorias. El problema radica «en la impartición y gestión de esas convocatorias, ya que se destinan 14 millones de euros a la gestión de esa convocatoria y la impartición y gestión va a radicar en CCOO, UGT y patronal, fundamentalmente, renunciando a lo que venía estipulado en el acuerdo interprofesional vasco de 1995, donde se decía que, de forma primordial, la impartición de la fomación descansará en los centros de formación profesional». Subrayaron que «saben que no cuentan con centros de formación; cuentan con chiringuitos y una red creada al efecto».

Reglas de juego

Los representantes de ELA y LAB rechazaron que en Hobetuz haya veto y subrayaron que existen «reglas de juego de la mayoría sindical que impiden el objetivo de convertir el modelo de formación continua en una perversión», por lo que el Gobierno de Lakua, al que «le estorban las reglas de juego para hacer lo que quiere, le estorban LAB y ELA y ha decidido llevar el dinero a ese objetivo perverso de otra manera, burlando a Hobetuz y sus reglas de juego».

Concluyeron que «ha ganado Madrid, ha ganado el negocio» y Lakua ha vuelto a optar por «complacer a la patronal y a la minoría sindical».

Advirtieron que «la gestión cotidiana» del Gabinete de Ibarretxe «no tiene nada que ver, ni con consultas, ni con desobediencias civiles, ni con nada que se le parezca».

Constataron, así, que «gente que es incapaz de confrontar en la defensa del marco competencia, gente que es capaz de aceptar mercancía averiada, que es la que el Estado le da, gente que hace eso en el día a día, no tiene ninguna credibilidad a la hora de formular propuestas políticas como consultas o desobediencia civil».