Pasados unos días desde la celebración del debate sobre política general en el Parlamento vascongado para dar inicio al curso político y parlamentario, vemos necesario hacer una primera reflexión sobre los ejes en política social planteados por Ibarretxe.

Entre los objetivos que el lehendakari se marca para el próximo año está la igualdad como motor del progreso social, así como la igualdad en protección social y lograr la convergencia con Europa. Objetivos que, sin lugar a dudas, desde el sindicato LAB compartimos.

Pero para poder lograrlos es necesario que la política y la intervención a desarrollar estén encaminadas en la misma dirección. Pero, lamentablemente, no es así.

Las palabras, una vez más, no se corresponden con los hechos. Así que o nos está mintiendo o tendremos que cuestionar la capacidad del gobierno que encabeza. Algo no cuadra.

Y es que a lo largo de estos años el Gobierno de Ibarretxe (así como su partido) ha apostado por la implantación de políticas de corte neoliberal. Políticas que no hacen sino beneficiar a grandes poderes económicos a costa de la clase trabajadora. Claros ejemplos de ello son que de 1993 a 2005 la participación de las rentas de trabajo en el PIB ha pasado del 54,7% al 48,6%, así como la reducción (de la mano del PNV) del Impuesto de Sociedades, impuesto que da un trato de favor a los beneficios empresariales frente a las rentas del trabajo. La obsesión del PNV es bajar el impuesto de sociedades, aunque la recaudación por dicho impuesto sea en la UE-15 el 3,1% del PIB frente al 2,1% de la CAPV. Políticas antisociales todas ellas que hacen caso omiso y se alejan cada vez más de las reivindicaciones de la mayoría social y sindical. Ejemplos los hay a montones. Así, la mitad de los asalariados cobra un sueldo por debajo de los 1.000 euros, el salario medio de las mujeres es un 30% inferior al de los hombres y la pensión media en la CAPV es de 837 euros.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, asistimos a continuos recortes de derechos laborales y sociales por medio de reformas laborales y recorte de las pensiones, sin que el lehendakari haya dicho nada al respecto. Se está produciendo una alarmante precarización social y se agudizan las desigualdades sociales de la población en momentos en los que los beneficios empresariales marcan cifras récord. En 2004 los beneficios de la industria crecieron un 27% y sólo un 6,1% el coste de los nuevos empleos y salarios. Hoy ni siquiera tener empleo garantiza unas condiciones de vida dignas.

Además, esta merma de derechos ha sido posible gracias a la elaboración de diferentes medidas legales (ley del suelo, planes directores, ley de exclusión social, reformas fiscales...), leyes que posibilitan y dan vía libre a la especulación, privatización y degradación del sector público y que no reconocen ni garantizan derechos fundamentales. Seguimos sin tener garantizado el acceso a una vivienda, a unos servicios sociales públicos y las prestaciones siguen siendo raquíticas, abocando a los colectivos más desfavorecidos a la exclusión social.

Fiel reflejo de lo anterior lo encontramos en la política presupuestaria ejecutada por el Gobierno de Gasteiz, que se caracteriza por su escaso interés en afrontar las graves deficiencias de su política social. Y buena prueba de ello es que la intensidad del gasto social en comparación con el PIB (riqueza generada) sigue siendo la misma que hace diez años (9%).

Además, la permanente desconvergencia en materia de protección social con respecto a la UE, lejos de reducirse, se mantiene en niveles vergonzosos (en la CAPV es del 19,2%, mientras que en la UE es del 28,3%).

Es por ello, señor Ibarretxe, que algo no cuadra. El discurso sobre la igualdad social y la política que desde hace años usted lidera son radicalmente opuestos. Su intervención es antisocial, no mejora las condiciones de vida y el bienestar social de la población y no ayuda a reducir las situaciones de pobreza y desigualdad de los colectivos más desfavorecidos.

Desde el sindicato LAB reclamamos políticas que desarrollen y garanticen los derechos básicos y fundamentales de toda la ciudadanía, sin excepciones, así como los instrumentos necesarios para poder desarrollarlas.