En Navarra estamos asistiendo a un debate social y político en torno a la educación sexual y a la aplicación en la Comunidad Foral de la ley despenalizadota del aborto de 1985. Es por ello que, en las últimas semanas, la educación sexual, la prevención, el fomento de la natalidad, el progreso, los derechos sexuales y reproductivos.... han estado a la orden del día, transmitiendo mucha ambigüedad y confusión al respecto.

Parece que el debate está servido. Aunque no sirve que la clase política se llene la boca de buenas intenciones cuando la realidad nos dice que las políticas en materia de educación sexual han sufrido un grave retroceso, encaminándose al puro asistencialismo sanitario.

Durante años los Centros de Orientación Familiar y Educación Sexual han trabajado por un modelo educativo y médico-asistencial con diferentes funciones y prestaciones. Sin embargo, con la entrada de UPN al Ejecutivo foral, estos centros y su línea de actuación comenzó a transformarse. Uno de los pasos fue el cambio de nombre, actualmente llamados Centro de Atención a la Mujer y el consiguiente cambio de filosofía, dándole máxima prioridad al ámbito médico-asistencial sin garantizar la línea educativa y preventiva.

Mientras tanto, las estadísticas demuestran que la mayoría de las mujeres que realiza una interrupción voluntaria del embarazo son mujeres jóvenes y mujeres inmigrantes. ¿No es acaso indicador de que algo está fallando? ¿No deberíamos realizar programas específicos para esta población? ¿Tendrá algo que ver la educación sexual en todo esto?

Por nuestra parte, desde el Consejo de la Juventud de Navarra querríamos aprovechar la coyuntura y el debate para visualizar las necesidades de la juventud en materia de sexualidad y reivindicar nuestros derechos cómo agentes activos y sexuados. ¿O quizá no son lo suficientemente importantes nuestros cuerpos, deseos, relaciones...?

En primer lugar, creemos que al estar en un estado de derecho el gobierno tiene que cumplir las leyes. Sí que reconocemos el derecho a la objeción de conciencia por parte de las y los profesionales, pero creemos que eso no exime a la administración de buscar otras alternativas para que se pueda abortar en los tres supuestos reconocidos en la reforma del código penal del año 1985. Nos negamos a pensar que la salud pública no dispone de los mecanismos necesarios para garantizar estos servicios. Conocemos la existencia de profesionales que manifiestan públicamente que no son objetores, pero reconocen que existe un desamparo judicial y que no hay voluntad política, ya que la administración no garantiza los medios adecuados para la realización de IVE.

Más allá de este debate, el Consejo de la Juventud si que cree que la clave está en la educación sexual. Por eso pedimos que el gobierno, junto con los agentes sociales y sanitarios, debe impulsar inmediatamente programas integrales que favorezcan la promoción de la salud sexual y reproductiva de la gente joven.

Para ello vemos de vital importancia incluir la educación afectivo-sexual tanto en los planes de formación universitarios como en el del profesorado y en el currículum. Para ello tendremos que apoyar programas que potencien conductas y habilidades que permitan integrar y desarrollar de manera positiva y saludable la dimensión sexual.

Asimismo, el departamento de salud debe impulsar la evolución de los actuales centros de atención hacia centros de salud sexual y reproductiva integrales, que posean un área específica y accesible para las y los jóvenes.

Todo ello porque la juventud tenemos cuerpos, deseos, afectos, placeres, capacidades...., es decir, somos sexuados y por lo tanto tenemos derechos sexuales y reproductivos que hay que abordar.