Reafirman el carácter político de la última redada en Ipar Euskal Herria
Las abogadas de los detenidos en la última operación policial de Lapurdi y Nafarroa Beherea confirmaron ayer lo que Askatasuna ya venía denunciando: se trata de una «operación político-represiva destinada a criminalizar ideas políticas y luchas sociales, especialmente contra la especulación». Las letradas aseguran que «no hay ningún indicio objetivo, material o probatorio» en los sumarios y consideran un abuso el encarcelamiento de siete de los detenidos.
Arantxa MANTEROLA |
«En cuanto el primero de los cinco detenidos pasó ante las juezas Le Vert y Houyvet, nos dimos cuenta de que no teníamos nada que hacer y que los demás también serían enviados a prisión», manifestó ayer con evidente indignación la abogada Yolanda Molina ante lo que, tanto ella como la también letrada Xantiana Cachenaut, calificaron de «operación político-jurídica» ya que, aseguraron, «no existen indicios materiales, ni objetivos ni probatorios para fundamentar las acusaciones».
Limitadas por la obligación de mantener el secreto de sumario, afirmaron que a Cedric Garai, Mixel Barnetche, Pantxo Flores, Xabier Pérez Susperregi y Joan Bidart se les acusa de ser miembros de «asociación de malhechores» y de «complicidad» en el atentado realizado contra el complejo Ostape del conocido cocinero Alain Ducasse el 6 de noviembre de 2006. Molina matizó que las asociaciones a las que aluden las juezas se refie-ren a «grupos de activistas radicales como Lurra Kolektiboa, Segi y Batasuna».
Niegan de plano
Los cinco encarcelados han negado tajantemente su relación con los actos que se les imputan. De hecho, como lo ha manifestado el detenido y posteriormente liberado Mixel Queihe- llalt en un testimonio escrito que mostró la portavoz de Askatasuna Anaiz Funosas, la acusación relativa a la complicidad en el atentado contra Ostape se basa en las declaraciones realizadas en 2006 por una persona que se encuentra presa y que, al parecer, les habría relacionado con el mismo.
Funosas señaló que «no es la primera vez que utilizan estas artimañas» y rememoró lo acontencido en diciembre de 2004 cuando detuvieron a Jean-François Lefort, también en base a unas declaraciones que más tarde resultaron ser fruto de «las presiones sufridas por una persona anteriormente detenida». Lefort permaneció un año encarcelado, 15 personas fueron interrogadas y varios locales (Askatasuna, Anai-Artea...) fueron registrados.
La portavoz del organismo antirrepresivo aseguró que el Ministerio de Interior, en concreto su titular Michèle Alliot-Marie, ha sido «el instigador del montaje político-judicial». Argumentó que la ministra ya había anunciado en una entrevista concedida a «Berria» en mayo pasado que estaban investigando las acciones contra viviendas y agencias inmobiliarias y que «pronto habría resultados».
Para Funosas, resulta obvio que el Estado francés intenta emular las tesis del juez Garzón en su territorio y que, además, «está dispuesto a dar ese paso». No descartó otras «actuaciones represivas», por lo que instó a los electos a «reaccionar» y a la población en general a «movilizarse y organizarse ante la gravedad de estos hechos».
Pantxo Flores y Joan Bidart han sido trasladados de La Santé a Poitiers y Tulle, respectivamente. Cédric Garai de Fleury a Angoulême, y Mixel Barnetche desde la misma cárcel a la de Agen. Pérez Susperregi fue trasladado anteayer a Bois d'Arcy. Es el único de los cinco que no está aislado.
La abogada Xantiana Cachenaut relató el caso de otros dos encarcelados como consecuencia de la operación del 24 de setiembre. Explicó que ninguno de los dos eran objetivo de la redada pero que, sin embargo, los mantuvieron incomunicados durante tres días para «dar tiempo a las autoridades españolas» a tramitar sendas euroórdenes.
En el caso de Urtzi García, calificó con ironía de «casualidad» que la petición de euroorden tenga la misma fecha que el día de su detención y recordó que, en respuesta al escrito que en mayo pasado envió a la Audiencia Nacional española mostrando su disposición a declarar voluntariamente «por no tener nada que ver con los hechos que se le imputaban», había recibido una respuesta del propio juez indicándole que no era necesario que se personara.
La petición de euroorden de García fue aceptada la semana pasada por el Tribunal de Pau, el mismo que ayer examinó la de Gorka Betolaza, a quien la AN reclama para cumplir una condena de seis años de cárcel por pertenecer a Segi. Su abogada Maritxu Paulus-Basurko adujo que, cuando se produjeron la mayoría de los hechos en los que se basa la sentencia, Betolaza era menor de edad, circunstancia por la que la euroorden no puede aplicarse. El martes se conocerá la decisión.
