Hasta el Real Madrid ha tenido que hacer un hueco en las portadas este verano. El responsable, un Granada 74 que ha hecho correr ríos de tinta. Y no por sus goleadas, sus fichajes galácticos, o por las fotografías de sus jugadores colgados del brazo de deslumbrantes top-models, sino por entrar en el fútbol profesional a golpe de talonario. Buen golpe, por cierto, unos veinte millones de euros nada menos.

Y es que nada en esta vida se sustrae al poder del dinero. Y menos aún el negocio del fútbol, en el que hoy en día pesa más el conocimiento empresarial o económico que el estrictamente deportivo. Porque el ascenso del Granada 74 de Regional Preferente -el pasado mes de junio consiguió el ascenso deportivo a Tercera- a Segunda División A no se cuantifica en goles, jugadores o afición, sino en conceptos como acciones, sociedades anónimas, legislación o, sobre todo, euros.

La compra de plazas -o la compra de acciones de una SAD y su posterior cambio de domicilio, eufemismo utilizado en este caso- está contemplada desde el pasado año en el fútbol estatal, tras el reglamento de franquicias acordado por la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española, que permite a los clubes de Primera y Segunda, superada una serie de trámites, «realizar negocios jurídicos con la plaza que poseen». Algo que también es posible -el Oviedo, por ejemplo, lo ha hecho esta temporada- en categorías profesionales, aunque los procedimientos legales resulten algo más complicados, así como en otros deportes como baloncesto o balonmano.

Abiertas las puertas, no tardó tampoco en abrirse el fuego. Amagó el Valladolid -en su día se rumoreó que un grupo de empresarios donostiarras estaba interesado en la compra de su recién conseguida plaza en Primera, ante el descenso de la Real, rumores que también se desataron en Logroño-, pero el paso lo dio Quique Pina. El propietario del Ciudad de Murcia anunció el pasado año su intención de vender la sociedad y, consiguientemente, su plaza en Segunda A. Pese a la cuantía de la operación, no faltaron los pretendientes. Oviedo o Mérida fueron algunos de los que pujaron, aunque finalmente fueron Carlos Marsá y su Granada 74 los que se llevaron el gato al agua.

Con el acuerdo entre las dos partes, el visto bueno de la LFP y el acuerdo suscrito en su día entre este organismo y la Federación Española, la entrada de un nuevo inquilino en la casa del fútbol profesional parecía cuestión de días.

Artimaña legal

Pero lo fue de meses -tanto que el inicio de la Liga en Segunda estuvo en un tris de posponerse- y, una vez más, por cuestiones económicas. Y es que pese a que Federación, con el respado de UEFA y FIFA, puso el grito público en el cielo por una situación que atentaba a los principios deportivos de la competición, el privado se debió, probablemente, a cuestiones menos románticas. Más concretamente, al 15% de la contraprestación acordada por vendedor y comprador que se reservaría la Federación, según el acuerdo firmado en su día. «Lo que quiere la Federación es cobrar el 15% de comisión que le hubiera tocado si comprásemos la plaza. Pero lo que hemos comprado ha sido el 100% de las acciones de una SAD y hemos cambiado su domicilio», recordaba Carlos Marsá. Una artimaña legal, que también evitó el derecho de tanteo previsto en la norma para los equipos recién descendidos, y que, en este caso, hubiera concedido ventaja en la puja a Real, Celta y Nàstic.

Cuestión económica o deportiva, la guerra se prolongó durante todo el verano. Concretamente hasta el 24 de agosto, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio la razón a Granada 74 y LFP. Un día después, el equipo andaluz disputaba en Cádiz su primer partido en Segunda A. Eso sí, Marsá tuvo que conformarse con la derrota en esta ocasión.