Una juez de Madrid ha renovado «el aplazamiento de desalojo» de siete familias rumanas del asentamiento de la Cañada Real Galiana «de forma indefinida». La decisión se conoció un día después de que el operativo ordenado por el Ayuntamiento de Madrid para desalojar a una familia marroquí de la misma barriada se convirtiera en una batalla campal entre policías municipales y españoles que custodiaban las máquinas excavadoras que derribaron una vivienda, «ilegal» según el Consistorio, y los vecinos. El resultado fue una veintena de heridos y nueve detenidos.

El alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, tiene como objetivo la desaparición de cualquier chabolismo (asentamientos «ilega- les») de la ciudad, destruyendo las decenas de colonias marginales, sin luz, agua potable y gas, que se han diseminado en las dos últimas décadas en las afueras de la capital y donde más de 70.000 personas han construido sus infraviviendas.

Distintas organizaciones y colectivos expresaron su rechazo a que el problema de la Cañada Real se aborde como un problema de orden público y recordaron que llevan 20 años pidiendo a las administraciones el realojo de los asentamientos marginales y la activación de soluciones.