La Cámara de Instrucción del Tribunal de París rechazó ayer el recurso presentado por los abogados de cinco de los detenidos en la operación policial que tuvo lugar el 24 de septiembre pasado en varias localidades de Lapurdi y Nafarroa Beherea contra la decisión de encarcelamiento dictada, en primera instancia por las juezas de instrucción Florence Le Vert y Marie-Antoinette Houyvet y ratificada posteriormente por el juez de las Libertades y de la Detención.

Pantxo Flores, Cedric Garai, Joan Bidart, Michel Barnetche y Xabier Perez Susperregi que fueron trasladados ayer a París para la vista continuarán, pues, en prisión.

La Cámara se limitó a comunicar su decisión a última hora de la tarde a su abogada Yolanda Molina. Los motivos por los que ha rechazado el recurso les serán transmitidos dentro de unos días por escrito, como es habitual en este tipo de procedimiento. De todos modos, ya no queda vía de recurso contra la decisión de encarcelamiento, pero sí cabe presentar peticiones de libertad que tendrán que ser resueltas, en primera instancia, por las juezas encargadas de la instrucción de los sumarios.

Sin pruebas

El 12 de octubre, las letradas Yolanda Molina y Xantiana Cachenaut denunciaron la «evidente falta de elementos materiales, objetivos y probatorios» para sustentar las acusaciones de «participación en asociación de malhechores y complicidad en destrucción y degradación por efecto de substancia explosiva» que se les han imputado.

Las asociaciones a las que se refiere la acusación son Segi, Batasuna y Lurra Kolektiboa que son tildadas de «grupos radicales activistas» y la destrucción y degradación concierne el atentado del que fue objeto, en junio de 2006, el complejo hostelero Ostape de Bidarrai. Los cinco presos han negado en todo momento los cargos de los que se les acusa.

Sus abogadas denunciaron y alertaron, una vez más, del «abuso y aplicación sistemática» de la prisión preventiva que se hace cuando se trata de militantes vascos.

No solo De Villepin

Recordaron que la medida de prisión es jurídicamente excepcional y que existen otras medidas de control judicial que no conllevan prisión: «según el código penal, toda persona, y no solamente De Villepin -en referencia al ex-primer ministro-, a la que se le se abre una investigación queda libre. El envio a prisión debe ser excepcional, pero en el caso de los vascos se ha convertido en la regla».