El secretario de Estado de Seguridad Social español, Octavio Granado, habló ayer en Bilbo de los mecanismos previstos en la reforma de la Seguridad Social y destacó que permitirán solucionar conflictos entre las administraciones autonómicas y estatales a la hora de conceder una incapacidad permanente. Precisó que con la nueva ley se pretende «buscar un acuerdo entre las entidades gestoras de la Seguridad Social», al decidir sobre la prolongación de bajas a partir del duodécimo mes, de cara a la conversión en una incapacidad permanente.

Granado destacó que la ley establece que el trabajador «puede acudir a la inspección de los servicios de salud de la comunidad autónoma» para que ésta determine si está de acuerdo o no con la decisión de la Seguridad Social y explicó que en caso de que ambos juicios sean contradictorios el INSS puede buscar «pruebas complementarias, una tercera opinión que establezca cuál será la situación del trabajador».

Por su parte, el secretario de Empleo y Protección Social de UGT, Jesús Pérez, resaltó que la reforma resuelve «la diferencia de criterios» que «dejaba al trabajador en una situación de indefensión». Pérez alabó la ley, que se encuentra en trámite parlamentario y se prevé aprobar a principios de diciembre, y subrayó que contempla «un sistema que objetiva, racionaliza y pone en una posición de arbitraje a ambas instancias».