La ex primera ministra paquistaní y líder del principal partido de la oposición Benazir Bhutto no llevaba ni un día en el país cuando dos explosiones provocaron un baño de sangre entre la multitud de simpatizantes que le acompañaba en su peregrinaje desde el aeropuerto de Karachi hasta el mausoleo del padre fundador de Pakistán, Muhamad Ali Jinah.

El jefe de la Policía de Karachi, Azhar Farooqi, explicó que la primera explosión fue causada por una granada de mano y la segunda por un kamikaze que se dirigía hacia Bhutto. Aunque la camioneta blindada en la que viajaba se vio afectada por las dos explosiones consecutivas, escapó ilesa del atentado.

No obstante, aún no está claro cuál fue la secuencia exacta de los hechos. El oficial de Policía Manzoor Mughal indicó a Reuters que el kamikaze llevaba entre 15 y 20 kilos de explosivo.

Pese a las amenazas de milicianos islamistas considerados próximos a los talibán y al Qaeda, la ex primera ministra acusó a ex dirigentes del régimen militar del general Zia ul-Haq (1977-1988) y a ciertos sectores del Ejército de estar implicados en el ataque en su contra.

En julio de 1977, ul-Haq -entonces jefe del Estado Mayor del Ejército- derrocó al padre de Bhutto, Zulfiqar Ali, e impuso la ley marcial. Ella fue detenida y puesta bajo arresto domiciliario. Dos años más tarde, Ali Bhutto fue ahorcado bajo la acusación de «conspiración».

En marzo de 1984, autorizó a Benazir Bhutto a dejar el país, exiliándose en Londres.

«Sé exactamente quiénes me quieren matar. Son los mandatarios del ex régimen de ul-Haq, que hoy están detrás del extremismo y el fanatismo», afirmó en declaraciones al semanario francés «Paris Match».

«Nombraría a tres personas»

Horas después, en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en su residencia de Karachi, Bhutto aseguró que «hay otros ataques planeados contra mí y confío en que el Gobierno hará todo lo posible para que no se materialicen».

Si bien matizó que no culpa directamente al Ejecutivo, insistió en que «sabía que iba a haber un atentado». Por tal motivo, según reveló, envió una carta al presidente Pervez Musharraf en la que le hacía partícipe de este peligro y le daba los nombres de tres personas a las que se debería investigar en caso de que a ella le pasara algo.

«Dejé claro que si me atacaban no acusaría a los talibán o a al Qaeda, sino que nombraría a las tres personas, puesto que sé bastante bien quiénes son mis enemigos en el Ejército y los servicios de inteligencia. No culpo al Gobierno, sino a ciertos individuos que son miembros de una facción política y abusan de su posición», reiteró.

En esa línea, añadió que «un país musulmán amigo» le advirtió sobre posibles ataques por parte de cuatro grupos; los talibán de Afganistán, de Pakistán, grupos vinculados a al Qaeda y «un cuarto de Karachi».

Detalló que antes de las explosiones, su vehículo blindado fue tiroteado. «Los agujeros de bala se pueden ver en el parabrisas», manifestó. Bhutto pidió también que se investigue por qué las luces del recorrido estaban apagadas y sugirió que las fuerzas de seguridad hubieran podido detectar a los kamikaze si en el momento del atentado las calles hubieran estado iluminadas.

«Para mí, no se trata de un ataque individual, es un ataque contra lo que yo represento, contra la democracia y contra cualquier unidad e integridad de Pakistán», subrayó.

Pese a lo ocurrido, dijo estar preparada para arriesgar su vida y dejó claro que no tiene intención de irse. «Quiero salvar a Pakistán», declaró.

Agradeció además el «sacrificio» de los agentes fallecidos y el de «los activistas que dieron la vida por el partido».

El senador del PPP (Partido Popular de Pakistán), Safdar Abbassi, resaltó «la determinación» de la ex mandataria que «no piensa en irse. Nuestro combate por la democracia va a continuar y participaremos en las elecciones» legislativas.

Petición de Musharraf

Desde Dubai, el esposo de Bhutto, Asif Ali Zardari, también responsabilizó a los servicios secretos. En declaraciones a la cadena Geo TV, dijo tener «pruebas documentales» de la implicación de la inteligencia paquistaní. Consideró que «si los agresores suicidas hubieran sido yihadistas, hubieran atacado a personalidades del Gobierno y no al principal partido de la oposición». Ali Zardari reclamó la inmediata destitución del director general de la Oficina de Inteligencia, Ejaz Hussain Shah.

Musharraf pidió que «no se comience a acusar a unos y otros», al tiempo que prometió una investigación minuciosa. En conversación telefónica con Bhutto, alabó la «devoción hacia el deber y el sacrificio de las decenas de oficiales que perdieron la vida o resultaron heridos en el trágico suceso».

Ambos coincidieron en la necesidad «de que toda la nación se una para librar al país de la amenaza de los ataques suicidas, el terrorismo y el extremismo». Reiteraron su «inquebrantable resolución a combatir el azote del extremismo y el terrorismo». De hecho, a su regreso tras ocho años de exilio autoimpuesto, la «niña querida» de Washington cuando era primera ministra, reafirmó su deseo de «aislar a los extremistas».

Su vuelta a Pakistán se produce en virtud de un acuerdo alcanzado con Musharraf para un eventual reparto de poder tras las elecciones de enero. No obstante, el presidente está pendiente de la resolución de la Corte Suprema sobre la validez de su candidatura. Este tribunal también tiene en sus manos el recurso contra la concesión de la amnistía a Bhutto. A su favor, tienen el respaldo de EEUU.

«El atentado de Karachi es una afrenta terrible para el Gobierno porque tiene como objetivo desestabilizar al presidente Musharraf», destacó un responsable de los servicios «antiterroristas» del Ejército.

Una ciudad desértica

El del jueves, es uno de los mayores atentados en los últimos años. Un balance muy provisional arrojó 139 muertos y más de 400 heridos, muchos de ellos en estado crítico. El médico Seemi Jamali, del hospital Jinnah de Karachi, aseguró que la cifra de muertos aumentará conforme pasen las horas.

Esta megalópolis de 12 millones de habitantes presentaba ayer un aspecto desértico con las escuelas y comercios cerrados. El Gobierno de la provincia de Sind, cuya capital es Karachi, no decretó luto oficial, simplemente ordenó el cierre de todas instituciones educativas. La población respetó un duelo oficioso de tres horas. Los cadáveres, envueltos en sábanas blancas, se apilaban en las morgues de los hospitales a la espera de que sus familiares los reconocieran. Muchas de las víctimas procedían de regiones lejanas de Pakistán.