La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz aprobó en la mañana de ayer una propuesta de Aralar para llevar una iniciativa legislativa ante la Comisión de Instituciones e Interior del Congreso español.

La iniciativa, que contó con los votos favorables de Ezker Abertzalea y de los tres grupos que sustentan el Gobierno de Lakua, plantea que se pongan cámaras en los centros de detención y que se deroguen los artículos de la legislación que posibilitan el régimen de incomunicación.

Aralar, que presentó su iniciativa también en el Parlamento de Nafarroa -donde fue rechazada-, considera que la Cámara de Gasteiz «ha dado, por primera vez, un paso muy efectivo pasando de las proposiciones no de ley a una iniciativa de cambio de ley».

Compromisos concretos

Los argumentos de este debate se repitieron en relación a la propuesta suscrita por Ezker Abertzalea y Aralar que, además de la denuncia de la incomunicación «que posibilita un espacio de impunidad para la práctica de la tortura», contemplaba la creación de una comisión parlamentaria cuyo objetivo sería proteger los derechos de las personas detenidas.

Las posturas, sin embargo, no fueron las mismas, ya que PNV e IU rechazaron la proposición no de ley mientras que EA se abstuvo en la votación, con lo que acabaron decayendo tanto la creación de la comisión como la enmienda a la totalidad presentada por el tripartito, que recogía nuevos posicionamientos del Parlamento de Gasteiz contra la práctica de la tortura.

Tanto la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, como la de Ezker Abertzalea, Itziar Basterrika, situaron el origen de la iniciativa presentada de forma conjunta en las denuncias de torturas hechas públicas por una serie de personas detenidas entre el 28 de marzo y el 1 de abril por la Guardia Civil. En opinión de ambas, después de que, en más de una ocasión, la Cámara de Gasteiz se haya posicionado en el sentido de la enmienda de las fuerzas del tripartito, «es hora de que se dé un paso más allá de las declaraciones y se asuman compromisos».

«La enmienda, más dañina»

También coincidieron ambas portavoces en mostrar su total acuerdo con las propuestas realizadas por el tripartito en su enmienda, pero Ezenarro criticó que en ella «no se ve voluntad de dar pasos adelante» en la prevención de la tortura, a lo que Basterrika añadió la denuncia de acciones bajo responsabilidad del Gobierno tripartito que en su opinión entran en contradicción con declaraciones de sus miembros en favor de los derechos humanos.

La propuesta de ambos grupos parlamentarios pretendía «pasar de las declaraciones a los hechos», algo que, en opinión de Gema Gonzalez de Txabarri, del PNV, no es posible «porque cada institución tiene sus competencias y desde este Parlamento no podemos garantizar que no se torture». En su opinión, la propuesta de Ezker Abertzalea y Aralar se reduce a «bonitas palabras».

Para Carlos Urkijo (PP), sin embargo, no sólo la propuesta sino la enmienda a la totalidad del tripartito (según sus palabras «más dañina que la propia iniciativa») eran inaceptables. Lo mismo dijo el portavoz del PSE, Jesús Loza, para quien «la deslegitimación del Estado de Derecho» que perseguirían las denuncias de torturas «supone una legitimación indirecta del terrorismo».

Fue un intento de deslegitimación de la denuncia que, de alguna manera, también hizo suya la representante jeltzale al afirmar que «no todos los grupos tienen la misma credibilidad para hablar de derechos humanos». Por su parte, Antton Karrera (IU) destacó la alarma que la tortura genera, mientras que Rafael Larreina (EA) aseguró, frente a quienes niegan la tortura, haber tenido constancia directa de casos de maltrato en el periodo de detención.