Expertos, académicos y activistas reunidos en Bilbo en una conferencia internacional han defendido un cambio en el modelo energético y el reconocimiento de la deuda ecológica para frenar el cambio climático.

La deuda ecológica, eje del encuentro, es la deuda de la que muchos países son acreedores por el impacto ecológico producido por empresas extranjeras, por otros gobiernos y por el modelo consumista de otras sociedades. Los países que la sufren son, en su mayoría, países empobrecidos que se ven obligados a permitir actividades contaminantes y expoliadoras. En el caso de Euskal Herria, sus principales acreedores son Nigeria, Ecuador y Bolivia.

Además de su impacto ambiental, las consecuencias sociales del actual modelo socio-económico son dramáticas en los países y comunidades de donde provienen los recursos energéticos y materiales.

Por eso, los expertos reunidos en Bilbo abogan por un cambio radical del actual modelo que sólo prima el crecimiento económico y el consumo, un cambio que se debe producir en el Norte y que requiere una mayor concienciación.

Defienden la puesta en marcha de nuevas políticas que busquen la sostenibilidad, sirvan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para generar otro modelo energético, solar y renovable, y exigen la cuantificación, reconocimiento y liquidación de la deuda ecológica.

El origen de esta «ingente» deuda, que generan tanto los gobiernos de los países importadores de recursos energéticos y materias primas como las transnacionales, empresas o bancos que «actúan con impunidad y sin responsabilidad social», está en las «desiguales emisiones de CO2, en la generación de pasivos ambientales o la exportación de residuos, en la biopiratería, en el comercio injusto y en la negación de la soberanía alimentaria a los países empobrecidos», denuncian.

En este sentido, subrayan la necesidad de «frenar estas injustas actividades extractivas» y de avanzar hacia un modelo energético sostenible y basado en las energías renovables para paliar el cambio climático y crear «un mundo más justo».

Tamra Gilberston (Transnational Institute, Amsterdam), Leida Rinjhout (VODO, Bruselas), Ivonne Yáñez (Oilwatch, Colombia) e Iñaki Bárcena (Ekologistak Martxan) coincidieron, en su comparecencia ante los medios, en que es fundamental llevar el concepto de deuda ecológica al ámbito legal, de forma que una vez identificados a los deudores empiece el proceso legal.

Por el momento, los juicios contra las transnacionales por su responsabilidad en la generación de la deuda ecológica los llevan a cabo los tribunales permanentes de los pueblos, aunque ha habido casos de procesos judiciales contra compañías transnacionales como Texaco, en relación a determinados impactos medioambientales.

Mañana en Bilbo, un tribunal popular juzgará a BBVA y a Repsol-YPF por su responsabilidad en la generación de la deuda ecológica por el Estado español.