Si la Sala de lo Penal del TSJPV no contradice al instructor en el último momento antes de comenzar el juicio, en aproximadamente tres meses se producirá una imagen histórica: diri- gentes de la izquierda abertzale, líderes del PSE y el mismísimo lehendakari sentados todos juntos en el banquillo de los acusados. El presunto delito que se les imputa es el de desobediencia. El motivo, haber hablado entre ellos siendo Batasuna una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo. La petición de penas llega hasta los cuatro años de cárcel en el caso de Arnaldo Otegi. Contra Juan José Ibarretxe se proponen dos años y nueve meses de prisión.

El magistrado instructor, Roberto Saiz, observa «indicios racionales de criminalidad» en tres reuniones. Una entre Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena con Juan José Ibarretxe, el 19 de abril de 2006. Otra de Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria con el lehendakari el 22 de enero de 2007. Y la última, entre Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia con los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares el 6 de julio de 2007 en un hotel de Donostia.

El caso tiene su origen en la sentencia de ilegalización de Batasuna, que ordena la disolución de la formación y el cese inmediato de todas sus actividades. El juez instructor considera que las actuaciones de los mencionados miembros de la izquierda abertzale incurren en un delito de desobediencia, por haber continuado ejerciendo una actividad política, y entiende también que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el secretario general del PSE, Patxi López, y su secretario de Coordinación y Organización, Rodolfo Ares, ac- tuaron como cooperadores necesarios para la consumación del presunto delito.

Puntos llamativos

Este proceso tiene varios puntos llamativos. El más claro de ellos es que pueda considerarse delito el diálogo entre representantes políticos. De hecho, la Fiscalía no ve indicios de crimi- nalidad ni en las actuaciones de los dirigentes de la izquierda abertzale ni en la de sus distintos interlocutores. En su día, tampoco el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vio razones para prohibir el encuentro del 6 de julio entre delegaciones encabezadas por Arnaldo Otegi y Patxi López. Además, en noviembre del pasado año el Tribunal Supremo ya rechazó una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias por esta misma reunión contra el presidente del Gobierno español, el secretario general del PSE y otros dirigentes del PSOE y del Ejecutivo. El Alto Tribunal dictó que son las Cortes quienes controlan la acción del Gobierno y que tratar de corregir esa acción por la vía penal «vendría a ser un fraude constitucional».

También resulta llamativo que la apertura del juicio oral se sostenga únicamente en la acusación popular, ejercida en este caso por el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia. Según la Fiscalía y las defensas, esto debería dar lugar al archivo de la causa, por ser el Ministerio Fiscal el único que ejercita la acusación pública y haber solicitado el sobreseimiento libre de las actuaciones.

El instructor, Roberto Saiz, no atiende este requerimiento y señala que ya existe un antecedente en el TSJPV de abrir juicio oral sólo a instancia de la acusación popular. Casualmente, ese único precedente es el proceso contra tres miembros de la Mesa del Parlamento de Gasteiz por la no disolución del grupo Sozialista Abertzaleak: Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao.

También llama la atención que el magistrado instructor que con tanta determinación ha mantenido abierto este sumario no sea un juez de carrera que ganara su puesto opositando, sino que fue elegido para el cargo por el CGPJ de entre los tres «juristas de reconocido prestigio» que propuso el Parlamento de Gasteiz en 2002. Y el CGPJ no eligió al candidato más votado, que contaba con el apoyo del tripartito, sino al propuesto por el PP. Roberto Saiz es funcionario del Cuerpo de Secretarios-interventores de la Administración local y había desempeñado funciones como secretario sustituto del Juzgado de Distrito de Gernika, así como de magistrado suplente en la Audiencia Territorial de Bizkaia.

El auto de apertura de juicio oral recoge las peticiones de penas de Foro Ermua y Dignidad y Justicia. Solicitan un año de prisión por cada reunión para los dirigentes de la izquierda abertzale y entre nueve meses y un año por cita para los colaboradores. Las acusaciones difieren en el número de reuniones, pero el juez instructor sólo admite como probadas tres.