Ante la previsible aprobación hoy en el Parlamento español de la Ley denominada «de Memoria», desde Lau Haizetara Gogoan Koordinakundea queremos hacer públicas una serie de reflexiones y aportaciones, dirigidas al conjunto de la sociedad vasca, al Gobierno español y a los partidos políticos de adscripción territorial vasca con representación en Madrid, esto es PSE, PSN, EB-IU, EAJ-PNV, EA y NaBai.

En su momento ya dijimos que con esta Ley de lo que se trata en el fondo, es de definir si se asienta definitivamente el «modelo español de impunidad» o si, por el contrario, se encara en clave democrática y por tanto en clave de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo lo que fue y supuso ese régimen. La respuesta que se nos da con el Proyecto de Ley que hoy van a votar es un apuntalamiento, que pretende ser definitivo, del sistema instituido con la ley de punto final llamada «de Amnistía» de 1977, para impedir el conocimiento de la verdad, para imposibilitar la aplicación de la justicia y para negarnos, una vez más, la reparación a la que tenemos derecho irrenunciable las víctimas del franquismo.

Desde Lau Haizetara Gogoan queremos subrayar que este Proyecto de Ley tiene un elemento central que lo hace no aceptable para los represaliados y víctimas, organizaciones de derechos humanos y de recuperación de la memoria, y también para aquellos que apostamos por una sociedad democrática real y consciente de serlo: la no anulación de las sentencias emanadas de la legislación represiva del franquismo. La anulación de estas sentencias debería ser una obviedad para un país que según su propia Constitución está obligado a aplicar la normativa y la legislación internacional de derechos humanos, muchos de cuyos convenios ha suscrito y ratificado. Sin embargo, la anulación de las sentencias de la legislación represiva franquista ni se recogía en el Proyecto de Ley original hecho público por el Gobierno el pasado año, ni se recoge ahora en el acuerdo llamado de «desbloqueo» negociado hace pocas fechas por varios grupos parlamentarios. La declaración formal de «ilegitimidad» que se acordó en el «acuerdo de desbloqueo» no pasa de ser un burdo y tramposo gesto para maquillar tal hecho, pero es de sobra conocido por todos aquellos que lo han acordado que una declaración formal no tiene en ningún caso el mismo rango jurídico y político que la anulación legal que las víctimas necesitan: mañana jueves, tras la aprobación de la Ley por el Parlamento español, todas y cada una de las sentencias del tipo que fueran que recayeron sobre los defensores de la legalidad democrática frente al golpe y el régimen franquista seguirán siendo sentencias tan firmes como ayer, como hace setenta años.

Por ello desde Lau Haizetara Gogoan Koordinakundea volvemos a manifestar que consideraremos totalmente ajena a los intereses de las víctimas del franquismo cualquier ley que no contemple como primer punto la anulación, en toda su extensión y profundidad terminológica y jurídica y en todas sus consecuencias, de todas las condenas dictadas por el régimen franquista en todos sus años de existencia.

Junto a esta cuestión principal, la Ley tiene otras muchas carencias, como pueden ser la nula exigencia de responsabilidades legales o políticas, siquiera simbólicas, para los responsables de violaciones de derechos humanos, o la total ausencia de autocrítica respecto al silencio mantenido por el Estado en estas cuestiones durante la transición, o la absoluta arbitrariedad y ambigüedad para el reconocimiento de personas fallecidas o que resultaron incapacitadas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. No considerar a estos afectados como víctimas del franquismo y, por lo tanto, como víctimas de delitos de lesa humanidad, impedirá juzgar a los responsables de dichos delitos, bien por haberse beneficiado éstos de la Ley de Amnistía del 77, bien por haber prescrito los hechos con el transcurso del tiempo. Estos criterios, por cierto, han sido aplicados por los tribunales de Justicia del Estado Español para no enjuiciar los sucesos que acontecieron el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.

Son todas estas apreciaciones las que nos llevan a no considerar aceptable ni apoyable dicha Ley y a solicitar por tanto a los partidos políticos que se declaran favorables a las demandas de las víctimas del franquismo, a reconsiderar su posición ante las mismas no apoyando dicha Ley, llamamiento que de forma especial dirigimos a EAJ-PNV, PSE, PSN, EB-IU, EA y NaBai por ser los de nuestro ámbito territorial.

Queremos finalizar nuestra reflexión subrayando que para algunos agentes parece ser el momento apropiado para intentar extender la opinión, propiciada también desde algunos medios de comunicación, de que la Ley debe salir adelante y de que los términos en que lo haga pasan a ser secundarios. Algunos vuelven a utilizar los mismos argumentos -«mejor esto que nada» o «es que la derecha está muy fuerte»- con los que avalaron la impunidad del franquismo en 1977 y justificaron la «modélica» transición, por lo que, y como consecuencia de ello, nos encontrarnos hoy, treinta años después de la desaparición formal de aquel régimen, exigiendo el justo reconocimiento para las víctimas del mismo. Frente a ellos nuestra decisión de seguir trabajando y luchando para conseguir algún día una ley con la que, finalmente, podamos acceder a las tan ansiadas verdad, justicia y reparación que tanto tiempo llevamos demandando.