Iñaki Iriondo

Con motivo de la reciente presentación de la «hoja de ruta» del lehendakari, ELA hizo un repaso de las veces que el Gobierno de Lakua se ha puesto gallito anunciando la adopción de medidas drásticas ante los poderes del Estado y todas acababan igual, con el Ejecutivo autonómico quedándose en el enérgico discurso pero sin pasar a la acción.

Hace un año el TSJPV decidió seguir adelante con esta causa y el 17 de octubre la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, flanqueada por Joseba Azkarraga y Javier Madrazo, declaró so- lemnemente que «no va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi». Han pasado los meses, Juan José Ibarretxe y otros siete procesados van ya camino del banquillo de los acusados y, por lo que se sabe, Lakua sigue sin cobrar esa deuda.

El flanco de las críticas a la actuación del juez está ya cubierto hasta la saciedad. Con cada auto judicial el diccionario se ha ido desgastando. Ya sólo quedan sin emplear los más graves superlativos. ¿Y qué?

Este no es un juicio político más, porque no se juzga sólo a dirigentes políticos, sino también a un cargo institucional cuya representatividad sobrepasa incluso a quienes le votaron. Y sólo por hablar. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, dijo ayer con acierto que éste es ya «un juicio contra la sociedad vasca». Ahora la pregunta es: ¿Debe la sociedad vasca sentarse en un banquillo al que le han llevado un jurista elevado por el PP a magistrado del TSJPV, el Foro Ermua y Dignidad y Justicia?

El Gobierno de Lakua ha clamado contra la Ley de Partidos pero la cumple, la hace cumplir y los partidos que lo conforman sacan tajada de ello. El Gobierno de Lakua critica a la Audiencia Nacional, los partidos que lo conforman piden su disolución y el Departamento de Interior no para de enviar informes para encausar a cientos de vascos. El Gobierno de Lakua ya ha hecho todos los discursos posibles contra el TSJPV. ¿Cuáles van a ser los hechos?