Ayer se confirmó que el TSJPV juzgará a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan Joxe Petrikorena por un «delito de desobediencia» y a Juan José Ibarretxe, Rodolfo Ares y Patxi López por ser «cooperadores necesarios» de los primeros. El juicio supone, sin lugar a dudas, un nuevo salto cualitativo en la dinámica represiva que durante las últimas décadas ha impulsado el Estado español contra los derechos de Euskal Herria.

Es necesario acentuar que el salto cualitativo no consiste únicamente en que el lehendakari sea juzgado, sino sobre todo en el hecho de que el diálogo político sea criminalizado. Este proceso, además, tiene el morbo de contar entre sus víctimas «colaterales» con aquellos que durante años han apoyado y aplaudido esa escalada represiva. Más allá de la justificación jurídica con la que se disfracen los diferentes autos, la verdadera causa del encarcelamiento de los dirigentes de la izquierda abertzale, incluidos los encausados en este proceso, es la presión política y policial ejercida durante años por el PNV y el PSOE contra el independentismo vasco y contra todo aquél que ponga en duda el sistema político heredado del franquismo.

Cuando Imaz insiste en que la prioridad del PNV es deslegitimar a la izquierda abertzale, sitúa el conflicto lejos de parámetros políticos y propone reducirlo a cuestiones de gestión -Estatuto y competencias- y de seguridad -lo que conlleva más saltos represivos como el dado por el TSJPV-. Cuando el PSOE insiste en negar el diálogo, pasado y futuro, como método para la resolución del conflicto político y se empeña en criminalizar posturas políticas legitimadas por la sociedad vasca, lleva el conflicto a un callejón sin salida. Durante muchos años se ha considerado que esas posturas minaban la posición política de la izquierda abertzale. Ahora que algunos de los adalides de esas posturas se sentarán en el banquillo de los acusados, quizás comprendan que lo único que han minado ha sido la idea misma de democracia.