Araíz de la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente, Hugo Chávez, ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de agosto, los diputados realizaron sesiones de parlamentarismo de calle, llevando a cada ciudad y pueblo de Venezuela el proyecto de reforma. En esos espacios, los ciudadanos (estudiantes, trabajadores, campesinos, pescadores, movimientos sociales, partidos políticos, jóvenes...) han ido debatiendo el proyecto y elevado ante esta instancia observaciones y nuevas propuestas.

Con todas las propuestas recolectadas, la Comisión Mixta que estudia el proyecto de reforma constitucional presentó públicamente un informe final que contemplaba los 33 artículos presentados por Chávez -con algunos cambios- y 25 artículos más propuestos por diferentes sectores, sumando 58 artículos para reformar.

Un nuevo tejido económico

El 16 de octubre comenzó en la Asamblea Nacional, la tercera y definitiva discusión del informe presentado por la Comisión Mixta. Hasta la fecha, se han aprobado 36 artículos de los presentados en dicho documento. No obstante, se ha planteado la inclusión de 4 nuevos artículos, llevando así la propuesta de reforma, hasta los 62 nuevos apartados. Se esperaba culminar la discusión del informe final ayer. Noviembre estará dedicado a difundir el proyecto de reforma constitucional, con el fin de que cada venezolano lo conozca en profundidad.

El proyecto de reforma constitucional plantea modificaciones y nuevas propuestas que, en esencia, buscan la nueva geometría del poder para transferir más competencias al poder popular y avanzar en la construcción del socialismo bolivariano. Al respecto, se propone que la unidad política primaria de la organización territorial sea la ciudad -todo asentamiento poblacional dentro del municipio e integrada por áreas o extensiones geográficas-. Esas comunas estarán conformadas por las comunidades y cada una constituirá el núcleo espacial e indivisible del Estado Socialista Venezolano.

Allí, los ciudadanos tendrán el poder para construir su propio futuro en base a sus necesidades sociales y particularidades, salvaguardando el uso de los recursos y demás bienes jurídicos. A partir de la comunidad y la comuna se pretende que el poder popular desarrolle formas de agregación comunitaria política-territorial. Ese Poder Popular estaría conformado por los consejos comunales, consejos de trabajadores, campesinos y pescadores. Será el autogobierno comunal y quien ejercerá la participación protagónica directa, la democracia plena.

Esa estructura social iría unida a un nuevo tejido económico. Una economía más humanista y solidaria que produzca bienes y servicios para satisfacer verdaderamente las necesidades de las comunidades. Una economía cuyo epicentro es el ser humano sin distinción, solidaria, de cooperación, en igualdad de oportunidades para todos y donde prevalece la preponderancia de los derechos comunes sobre los individuales.

En este marco se plantea que las comunas, como formas de autogobierno, tengan un porcentaje del presupuesto nacional para que sea administrado por las propias comunidades para el desarrollo de sus proyectos. No obstante, los gobiernos nacional, regionales y locales seguirán aportando recursos.

Bajo este modelo económico, el Estado y las comunas deberán trabajar en conjunto para constituir unidades productivas socialistas, cooperativas, empresas de producción social, de propiedad mixta o colectiva que ayuden a satisfacer las necesidades básicas de las comunidades (transporte, viviendas, gasificación, producción agrícola). Esto permitirá fortalecer la estructura, la unidad político-territorial y la economía comunal.

Una visión más política y social

Por otra parte, este proyecto de reforma constitucional plantea el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, a la protección de su hogar, al trabajo y el deber de trabajar, el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores no dependientes, la reducción la jornada laboral a 6 horas diarias para que los trabajadores dispongan de más tiempo para su desarrollo integral (educación, formación, desarrollo humano, físico, espiritual, técnico). Esta medida contribuirá a generar nuevas fuentes de empleo y fortalecer la ocupación productiva del país.

En cuanto al sector privado, se establece una transformación. Acabar con ese sector privado especulador, explotador, que busca, única y exclusivamente, la acumulación del capital. En este sentido, se pretende eliminar por completo el monopolio y dar cabida a aquel sector privado dispuesto a producir y trabajar bajo modelos de producción socialistas. En proyectos conjuntos entre el Estado, las comunidades y el sector privado donde se constituyan empresas mixtas.

Esta propuesta profundiza y perfecciona la Constitución de 1999, con una visión más política, económica y social del país, pero comprometida con el ser humano, con el colectivo, y el poder popular.

Los sectores de la oposición, desde un principio, han desarrollado una campaña en contra porque consideran que se trata de un proyecto del presidente Chávez que busca otorgarle más poder y facultades a su Gobierno, y que plantea la constitución de un Estado socialista, para ellos, excluyente.

En un principio, dijeron que no sería sometido a la discusión del pueblo. No obstante, cuando los diputados de la Asamblea Nacional, a través del parlamentarismo de calle, llevaron la propuesta para ser debatida a las diferentes comunidades se quedaron sin argumentos. Más aún cuando la Comisión Mixta presentó su Informe Final considerando las modificaciones realizadas por los diferentes sectores de la población y la inclusión de 25 nuevos artículos -más de 15.000 ideas y planteamientos-.

Ante la dinámica de debate generada en los diversos sectores de la sociedad, la oposición ha intensificado sus acciones de calle para explicar sus argumentos contra el proyecto de reforma constitucional. Denuncia que elimina la descentralización; incrementa excesivamente el poder del Estado; la reelección presidencial indefinida; faculta al presidente de la República para disponer de las instituciones, propiedades y recursos; atenta contra el principio de la progresividad de los derechos humanos y profundiza en la polarización entre los venezolanos.

Partidos de la oposición, la alta jerarquía de la Iglesia, dueños de medios de comunicación privados y algunos sectores estudiantiles y docentes emprenderán debates, movilizaciones y distribución de documentos para disuadir al pueblo sobre la aprobación del proyecto de reforma constitucional. Algunos sectores afines al proceso revolucionario han denunciado la ejecución activa de un nuevo plan desestabilizador.