La reacción del Gobierno de Lakua a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de abrir juicio oral contra ocho dirigentes vascos por mantener reuniones políticas no se hizo esperar. Con Ibarretxe en México, su portavoz, Miren Azkarate, ofreció una rueda de prensa urgente que inició advirtiendo que «han cruzado la raya». De hecho, recordó que la decisión es contraria a los criterios del Tribunal Supremo español, que, ante una querella similar contra José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que «enjuiciar por la vía penal una actuación política es literalmente un fraude constitucional que atenta gravemente contra la separación de poderes». Y tambien de la Fiscalía, «que pidió el sobreseimiento y archivo de la causa» según recordó Azkarate.

Tras resaltar que «lo que vale para el presidente español [en referencia a la resolución del TS] no vale para el lehendakari de Euskadi», Azkarate consideró que «estamos ante un hecho histórico de especial gravedad» porque por vez primera, «por impulso político, se enjuicia penalmente al lehendakari por ejercer su función política, para la que ha sido elegido por la sociedad vasca». Es por ello que aseguró que «el juicio es contra la sociedad vasca y su voluntad mayoritaria de alcanzar la paz y la normalización política».

La portavoz indicó que la ciudadanía vasca «asiste atónita» al hecho de que Ibarretxe tenga que sentarse en el banquillo de «por cumplir con el mandato que la propia sociedad le otorgó». «Mientras en todo el mundo el diálogo es la vía para solucionar los conflictos -prosi- guió-, el instructor [el juez Roberto Sáiz] y la Sala de lo Civil y Penal observa la actitud positiva de hablar como delito penal». Concluyó que el TSJPV «criminaliza el diálogo político».

También denunció el «llamativo silencio» del Tribunal Constitucional «cuando se están quebrantando gravemente los derechos fundamentales del ciudadano y lehendakari Juan José Ibarretxe, cercenando gravemente el derecho al ejercicio de la actividad política de la máxima representación institucional de Euskadi».

La opinión trasladada por el PSOE resultó mucho más distante. Todos sus portavoces repitieron un mensaje: respeto a la decisiones judiciales. Fue el caso de la Comisión Ejecutiva del PSE, que defendió que Patxi López y Rodolfo Ares, con la reunión que mantuvieron con la izquierda abertzale, cumplieron con la «obligación política» que tenían de «trabajar para lograr la paz en el País Vasco, por lo que defenderemos siempre la legalidad de su actuación».

En un comunicado, explicó que cuando el TSJPV fije la fecha de apertura del juicio oral, para lo que se deberá agotar el plazo de diez días de que disponen los acusados para formular sus escritos de defensa, los abogados de sus dos dirigentes pedirán el archivo de la causa «por la imposibilidad de juzgar a quienes sólo están acusados por una acusación popular». El hipotético rechazo del tribunal a esa demanda tampoco parece preocupar en demasía al PSE, que se muestra «convencido» de que «existen razones sobradas para demostrar que no se ha cometido ningún delito y obtener una sentencia absolutoria».

La clave, la Ley de Partidos

También se refirió a la apertura de juicio oral el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien se mostró igual de comedido que el PSE y se limitó, a preguntas de los periodistas en un acto en Zaragoza, a decir que en Ferraz han recibido la noticia «como siempre, con el respeto que nos merece el papel que desempeñan los jueces; también en esta ocasión».

Una idea que fue remarcada por otro dirigente de su partido, el portavoz en el Congreso, Diego López Garrido -quien manifestó que han acogido la resolución con «respeto, tranquilidad y razones jurídicas»-, y el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. «Es una decisión judicial que respeto y acato», dijo.

Mientras tanto, la izquierda abertzale situaba la clave de este proceso judicial en la legislación española. «Esta resolución y el juicio no se producen porque sí. El juicio es posible porque la Ley de Partidos está en vigor», declaró a GARA Jone Goirizelaia. «Con esa ley se ha ilegalizado a un sector político de este país y, a partir de ahí, cualquiera que se reúne con los ilegalizados es acusado y puede acabar enjuiciado», agregó.

La representante independentista coincidió con Miren Azkarate al denunciar que, con el auto del máximo tribunal de la CAV, «lo que se hace es criminalizar el diálogo político como instrumento para la resolución del conflicto y como vía para llegar a un acuerdo político que nos llevaría a esa solución».

También quiso hacer hincapié en que ahora «algunos están haciendo el paripé de que pueden acabar en prisión y tal. Pero la realidad es que aquí los únicos que están en la cárcel son los dirigentes de la izquierda abertzale». Y eso es así, denunció, «porque lo ha querido el PSOE».

La izquierda abertzale también hizo pública una nota en la que afirmó que en Euskal Herria «ya nadie cree en la Justicia española», que actúa «por motivaciones políticas». A su juicio, existen numerosos ejemplos que lo acreditan: el encarcelamiento de la Mesa Nacional, la Ley de Partidos, la prohibición de manifestaciones por parte de la Ertzaintza... «Todo vale para evitar que un marco democrático en Euskal Herria», censuró.

Además de recordar que «los únicos que están en prisión son los miembros de Batasuna» y preguntar si «alguien se cree que esta decisión acarreará consecuencias penales a Ibarretxe, López y Ares», aseguró que «lo que preocupa al TSJPV y a la Justicia española no son el PNV y el PSOE, con quienes se mantiene a salvo la Constitución que no reconoce a Euskal Herria, sino la fuerza de la propuesta de la izquierda abertzale».

Las críticas de PNV, EA y EB

Las formaciones que integran el tripartito se mostraron indignadas con la decisión judicial. Iñigo Urkullu anunció que el PNV responderá con «herramientas legítimas y democráticas y desde el respeto y la mayor dignidad posible» a «este avasallamiento». Tildó de «político» el auto, que «ahonda en el descrédito» del Poder Judicial. En parecidos términos se pronunció el Rafa Larreina (EA), quien subrayó que «nos hemos reunido, nos estamos reuniendo y nos seguiremos reuniendo» con Batasuna porque «nuestra obligación es ejercer el diálogo político». Desde EB, Mikel Arana, habló de «atropello», «abuso de poder inadmisible» y «absurdo jurídico que responde a intereses de índole política".

Leopoldo Barreda (PP), en cambio, dirigió sus críticas a esos partidos por mostrar «tintes totalitarios» en sus valoraciones.