Los agentes «dudaron de que Auzmendi fuera parlamentaria»
Tres guardias civiles fueron ayer juzgados en Tolosa acusados de un delito de «coacción» a la parlamentaria del grupo Ezker Abertzalea Ane Auzmendi, que fue retenida en un control en 2006 durante más de una hora y tras el que denunció ser tratada con desprecio y sin el respeto al que les obliga la ley. Los guardias civiles alegan ahora que no creyeron que fuera aforada. Y, por si acaso, registraron su vehículo.
Gari MUJIKA |
El Juzgado de Tolosa acogió ayer el juicio contra tres guardias civiles que fueron denunciados por la parlamentaria del grupo Ezker Abertzalea en la Cámara de Gasteiz Ane Auzmendi, después de que fuera retenida durante más de una hora en un control de la Guardia Civil el 27 de mayo de 2006 en Ormaiztegi y de que los militares hicieran caso omiso de las obligaciones a los que están sujetos ante una representante aforada, como la imposibilidad de retenerla y de registrar el vehículo en el que circula o la obligación de mostrar el respeto debido.
Pasadas las 10.25 comenzó el juicio por faltas que sentó en el banquillo de los acusados a tres guardias civiles que participaron en el operativo que retuvo durante más de una hora a la parlamentaria Ane Auzmendi, y en el que denunció haber recibido un trato intimidatorio e ilegal en base a la legislación que protege a los aforados. Una vez que Auzmendi volviera a ratificarse por tercera vez en sede judicial por la denuncia interpuesta contra los agentes poli- ciales, y cuando pretendía responder a las preguntas de la Fiscalía, la magistrada pidió un receso ante la imposibilidad de entenderla en euskara. En un minuto se personó el traductor.
El fiscal dio paso a su interrogatorio pidiendo el relato de los hechos, pero acto seguido todas las cuestiones dirigidas a Auzmendi evidenciaron el intento de restar credibilidad a la parlamentaria. Auzmendi explicó cómo el 27 de mayo de 2006, sábado, circulaba en un vehículo en compañía de un amigo, y precediendo a otro coche en el que también iban amigos suyos. Añadió que se identificó con el carné de aforada y que el guardia civil le reprochó que «podía haberla fabricado en casa». A falta del DNI, le entregó el permiso de circulación, pero el militar le respondió que tampoco era válido para identificarla. Después llegarían el registro del vehículo y la retención por más de una hora.
«La agresividad que emplearon»
«¿Acudía a algún acto oficial o en modo particular? Deduzco que lo que denuncia es que dudaron de su carné..», prosiguió la Fiscalía. La parlamentaria le espetó que lo que lleva a los tribunales es «la forma en la que me trataron, cómo nos tuvieron retenidos, qué cosas nos dijeron y la agresividad con que emplearon con nosotros».
«Pero ¿por qué enseñó el carné de parlamentaria?. «Porque me preguntaron donde trabajaba». Esa última cuestión de la Fiscalía fue también reproducida por la defensa de los guardias civiles, que en todo momento intentaron reflejar que la pretensión de Auzmendi fue la de recibir un beneficio personal por su carácter de aforada.
Jone Goirizelaia, la letrada de la parlamentaria, interrogó de forma exhaustiva a su defendida. Hizo que la parlamentaria identificara a los agentes allí presentes en base a la actuación que tuvo cada uno de ellos el día de autos. Y también procedió a recordar a todos los congregados la legislación establecida por, entre otros, el Estatuto de Gernika o la propia legislación española en la que -para salvaguardar a las instituciones públicas- se establece la inmunidad de los aforados. Y para ello pidió a Auzmendi que leyera lo que está escrito en el propio carné de aforada del Parlamento de Gasteiz: «Todas las autoridades tendrán que guardar la consideración debida...»
Luego llegó el turno de los guardias civiles. Unos agentes que, a falta de nombre, se identificaron por su número policial: el agente R, el agente D y el Q. Ninguno quiso responder a las preguntas de Gorizelaia. Pero la letrada vizcaina, con una dilatada experiencia también en casos similares contra agentes policiales, procedió a desgranar todas las preguntas y dirigirlas a la jueza, ofreciendo que los agentes puedan responderlas por escrito
El guardia civil identificado por el número que comenzaba con una D, no obstante, respondió a las preguntas de la Fiscalía y su abogada. Los otros dos militares repitieron el proceso.
En lo único que concordaba la narración de los guardias civiles con la mantenida por Auzmendi hasta la fecha fue en que el control policial se instaló un sábado. Era un elemento que también intentaron emplear con el fin de deslegitimar a la parlamentaria, ya que durante el fin de semana no se ejerce en la Cámara de Gasteiz. Jone Goirizelaia dio réplica a la cuestión refiriéndose de nuevo a la misma legislación que los guardias civiles defendieron cumplir y hacer cumplir.
La defensa de los guardias civiles, con ayuda de la Fiscalía, intentó emplear como prueba una notificación que afirmaron se emplea siempre que se coloca un control de carretera y en la que consta el inicio y el fin del mismo, además de las incidencias producidas. Pero en el alegato final Goirizelaia también devaluó, además de no otorgarle credibilidad alguna, esa «prueba». Se trata de un escrito que durante todo el procedimiento judicial no ha existido, y que, de repente, señala que el control sólo estuvo instalado durante veinte minutos, entre las 22.10 y las 22.30, y que recoge que la parlamentaria y su acompañante estuvieron retenidos un cuarto de hora. La versión choca frontalmente con la declaración de Auzmendi y la del testigo que corroboró los hechos denunciados por la parlamentaria.
Un carné azul, ¿ o blanco?
Pero por si fuera poco, y durante un largo rato, el quid de la cuestión fue el carné de aforada de Ane Auzmendi. Mientras que un agente defendió que «era azul», el segundo sostuvo que era «blanco». Eso sí; los dos confirmaron que «no tenía fotografía alguna, ni el número del DNI, que ponía que era provisional, y la parte de atrás estaba borrosa». Por ello, «dudaron de la autenticidad del carné». Y, claro, alegaron que ante la encrucijada procedieron al registro del vehículo -el cual no dejaron presenciar, matizó Auzmendi-.
Al llegar el turno del alegato final, la Fiscalía despachó el caso en un minuto pidiendo la libre absolución de los imputados. Goirizelaia, en cambio, se explayo durante largos minutos desgranando, uno a uno, todas las manipulaciones contenidas en «la versión creada, incluso después de iniciar las diligencias» por los tres militares. Es más, además de ratificarse en su petición de condena por una falta de «coacciones», pidió una nueva condena por una falta de «respeto a una persona revestida de autoridad». Hizo referencias a legislaciones establecidas que recusaban aspectos que intentaron introducir los demandados, y denunció el «plus de credibilidad» con la que cuentan los agentes policiales por el mero hecho de serlo.
La defensa de los militares, en cambio, aludió a la labor «de seguridad ciudadana que realizan con la lucha antiterrorista». Pidió, claro está, la libre absolución de sus defendidos, para los que se piden 15 y 60 días de multa por cada falta realizada.
Euskal Herrian, egunerokotasunean, zenbat polizia kontrol ezartzen dituzten jakitea kasik ezinezkoa bada ere, lehenago edo beranduago agerian geratzen dira kontrol horietan euskal herritarrei gertatzen zaizkien hainbat pasarte ilun, inpunitatea nagusi dela azaltzen duten pasarteak. Ane Auzmendi parlamentariaren kasua 2006ko maiatzaren 27an jazo bazen ere, egoera ez da ordutik aldatu. Aurtengo udan, abuztuaren 4an, Donostiako bi gazteri pistolak buruan jarri zizkieten eta horietako bati metro eskasera tiroa ere jo zioten hanka alboan; aurretiaz, errepide kontrola kendu eta mendira eraman zituzten Hernaniko inguruetan.
Donostiako bi gazteok Gipuzkoako Auzitegian salaketa ezarri bazuten ere, oraingoz bere horretan dago: ezerezean. Askatasunak eman zuen aditzera orduan, prentsaurrean, bi gazte horiei gertatu zitzaiena. Errepresioaren aurkako erakundeak berak plazaratu zuenez, 2006ko martxoaren 22tik abenduaren 10era bitartean -ETAren su-etena indarrean zela-, 998 errepide-kontrol ezarri zituzten gutxienez. Datu hori herritarren laguntzari esker bildu zuen Askatasunak. Hori bai, kontuan izan behar da ez zituela eskura izan herri guztietako datuak.
Orain hilabete eskas ere, zazpi kilometrotako ilarak eragin zituen Guardia Zibilak Andoain alboan ezarritako errepide-kontrol batekin. Eta egun berdintsuetan, indar militar berak, Arizkun eta Elizondo artean 48 ordu baino gehiago iraun zituen kontrol iraunkorra ezarri zuen. Itziarren ere, Gipuzkoan, kontrolak jarri zituzten ilunpean ziren A8-ko tuneletan herritarren haserrea eraginez.
Azken hamarkadetan ugari izan dira kontroletan bizitza galdu duten euskal herritarrak.
Amnistiaren Aldeko Mugimenduak errepide kontrolak aztertu eta 2001. urtera arte jazotako hainbat gertaera biltzen dituen dokumentua argitaratu zuen. Bertan nabarmentzen denez, errepide kontrolen gelditutako hainbat herritar torturatu egin dituzte. Adibide gisa, Juan Karlos Leturiaren kasua aipatuko dugu. 1993ko abenduan, Ormaiztegiko EAJko alkate zela, Beasainen kontrol batean geratu eta torturatu egin zuten. Ondotik, urtarrilean, EAJk Guardia Zibilaren jarrera salatu zuen lehenbizikoz.
Berrogei urteko gertaerak jasotzen dira aipatutako dokumentuan. Bildutako datu esanguratsuenak honako hauek dira: 37 hildako izan dira errepide-kontroletan indar espainolen eskuetan; sei polizia hil dira; 40 pertsona tiroz zauritu dituzte; 43 pertsona torturatu dituzte; 64 auto tirokatu dituzte; urtero 50.000 herritar gelditzen dituzte errepide kontrolen eta 200 kokaleku finkotan polizi-kontrolak ezarri ohi dituzte etengabe.
Ezker Abertzalea Taldeko Ane Auzmendi parlamentariaren antzeko beste kasu batzuk ere izan dira. 1995eko urriak 9an bi guardia zibil epaitu zituzten Bilbon HBko mahaikide Julen Aginako eta bere bikotea ilegalki ordu ugariz atxikita edukitzeagatik. Militarrek gezurtatu egin zuten hori, Auzmendiaren kasuan bezala, errepide kontrolak 15 minutu baino gehiago ez dutela irauten esanaz. 2001eko uztailaren 18an, epaiketa lau aldiz atzeratu ostean, beste guardia zibil bat epaitu zuten Donostiako Auzitegian Floren Aoiz 1995eko otsailean ilegalki atxiloturik edukitzeagatik errepide kontrol batean. Kasu horretan ere, guardia zibila absolbatu egin zuten azkenean.
1961 eta 2001 artean 37 herritar hil zituzten tiroz errepide kontroletan. 40 zauritu eta 43 torturatu ere izan ziren. Amnistiaren aldeko mugimenduaren datuen arabera, urtean 50.000 lagun inguru gelditzen dituzte kontroletan.
1994ko urtarrilean Guardia Zibilak errepide kontroletan izaten duen jarrera salatu zuen EAJk; hilabete lehenago, EAJko Ormaiztegiko alkatea Beasaingo kontrol batean geldiarazi eta torturatu egin zuten.
HBko mahaikide zirela, hainbat guardia zibil epaitegietara eraman zituzten Julen Aginakok eta Floren Aoizek kontroletan ilegalki atxiki zituztelako. Bi kasuotan militar espainolak absolbitu egin zituzten.
