Los paraísos fiscales mantienen un peso relevante y creciente en la captación de recursos económicos y en la agilización de operaciones transnacionales de manera oculta a las haciendas públicas. Al contrario de lo que se nos quiere hacer pensar desde los organismos oficiales, no están perdiendo peso, sino que avanzan en la captación de recursos lícitos e ilícitos, sobre todo, de empresas multinacionales, que operan desde los mismos para evitar el pago de impuestos y, de esa manera, obtener mayores incrementos en los beneficios económicos.

Se calcula, según el organismo Tax Justicie Network, que son más de 10 billones de euros los que se encuentran alojados en más de setenta paraísos fiscales y zonas francas, aunque la OCDE sólo reconoce en torno a 40. Es una cantidad que supone mil veces el presupuesto económicos que ha presentado días atrás el Gobierno de Lakua para el próximo año 2008.

Al detalle, en veinte zonas

Un informe de Attac del Estado francés señala que un miembro de esa organización en las Islas de Jersey, consideradas un paraíso fiscal muy activo, desveló que la CIA estadounidense ha detallado las cantidades depositadas en veinte zonas libres de impuestos, que suman 636.700 millones de euros. Entre las cinco zonas mencionadas se encuentran Luxemburgo (49.370 millones de euros), Bermudas (48.333 millones), Jersey (39.410 millones), Guinea Ecuatorial (34.710 millones) y Emiratos Arabes (34.370 millones).

Hace unos días la OCDE reconoció que «se necesitan esfuerzos suplementarios para frenar el fraude fiscal internacional» y destacaba que las actuaciones en favor de la transparencia y la cooperación internacional «están lejos de aplicarse de manera correcta por los países que decidieron dar ese paso».

Según esa organización internacional, Austria, Luxemburgo y Suiza, y una serie de centros financieros de Chipre, Liechtenstein, Panamá y Singapur, «mantienen restricciones impor- tantes al acceso a la información bancaria con fines fiscales» y, por otro lado, reconoce que «no se están respetando los compromisos internacionales».

Por ese motivo, Paolo Ciocca, presidente del comité de los Asuntos Fiscales de la OCDE y copresidente del Foro Mundialsobre Fiscalidad, advierte que «ningún país ni pequeño grupo de países, puede solucionar por sí mismo el problema de las prácticas fiscales perjudiciales». Según Ciocca, «se trata de un problema mundial que requiere una respuesta mundial. En la OCDE consideramos que necesitamos trabajar en cooperación con los centros financieros socios». Comprende, en este caso, que «la ausencia de transparencia e incapacidad de cooperar a nivel internacional crean condiciones que pueden explotar contribuyentes deshonestos con el fin de escaparse de las obligaciones fiscales».

Este destacado responsable del organismo internacional reconoce que «las pérdidas de ingresos fiscales debidas al fraude fiscal impiden a los gobiernos reducir la carga impositiva que pesa sobre los contribuyentes honestos». Paolo Ciocca introduce un tema muy interesante porque la OCDE conoce que esa evasión de capitales a zonas de libres de impuestos se produce precisamente por los grandes capitales y las grandes empresas, la mayoría trasnacionales. Sin embargo, se está comprobando que la carga fiscal hacia las empresas más grandes es cada vez inferior.

Realidad vasca similar

Hego Euskal Herria no se escapa a esa realidad tan dura, ya que los empresarios cada vez pagan menos impuestos y las rentas elevadas, lo mismo. Elkartzen, movimiento social a favor de los derechos sociales de Euskal Herria, sitúa el fraude fiscal en 7.000 millones.

Según los datos del Ministerio español de Industria, las empresas españolas invirtieron legalmente en paraísos fiscales, entre 1993 y el primer semestre de este año 2007, un total de 8.058,66 millones. De esa cantidad, 851,26 millones correspondieron a empresas vascas, aunque la gran mayoría fueron de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que invirtieron en la mayor parte en las Islas Caimán, Panamá y Jersey. Esta manera de entender la salida de capital es también, a juicio de los expertos fiscales, una manera «sofisticada» de deslocalización, porque acuden a lugares donde «se ahorran muchos impuestos» y, entre otras ventajas, tiene la posibilidad de realizar operaciones ocultas a los controles de las haciendas forales vascas o española, según el caso.

Juan Hernández Vigueras, responsable del Observatorio de los Paraísos Fiscales de Attac-Madrid, reconoce que existe una ocultación de los fondos financieros y económicos que se mueven al margen de la legislación fiscal. Culpa no sólo a quien realiza esas operaciones al margen de la legalidad para pagar menos impuestos, sino a los responsables de las haciendas que mantienen un silencio al respecto porque la realidad está demostrando que los defraudadores son, precisamente, aquellos que más poder económico acaparan.

«Falta información sobre los movimientos financieros, porque de la misma se podría deducir la cuantía exacta de la evasión fiscal por la vía de los paraísos fiscales». Hernández Vigueras cita la asociación de Inspectores de Hacienda y señala que «los paraísos fiscales son uno de los `coladeros' del sistema fiscal español. Desde luego, se considera que está dentro del 21% del PIB que representa la economía sumergida. Hace dos años -precisa- «Financial Times» estimaba que la evasión fiscal en el Estado español generada por los paraísos fiscales estaba en torno al 10% del PIB, del orden de los 60.000 millones de euros. Pero sólo son aproximaciones». Las consecuencias de esta evasión las sufren en esencia los más necesitados, porque las administraciones utilizan como disculpa la falta de recursos a la hora de hacer frente al gasto social. En las administraciones de Euskal Herria esa dialéctica es constante, mientras hacen muy poco por conseguir que aflore el fraude fiscal, porque quienes lo practican son, sin duda, los más poderosos.

Menos impuestos a las grandes

Un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), «Cuando se tiene el oro y el moro. Las exenciones impositivas de que gozan las grandes empresas», detalla la forma en que las grandes corporaciones transnacionales, a veces legalmente y otras de manera opaca y fraudulenta, evaden el pago de sus impuestos, mientras que la penurias económicas de sus habitantes son evidentes. A tenor de el informe, el promedio de impuestos a las empresas en los países industriales ha bajado de 45% al 30% en un lapso de tiempo de dos décadas «debido a la competencia en materias de impuestos», pero avanza que «si los impuestos siguen disminuyendo al ritmo actual, para mediados de siglo llegarán a cero».

Los países empobrecidos pierden 35.000 millones anuales en impuestos «debido a la marcha de capitales a los paraísos fiscales» y añade, para fijar la magnitud de este problema, que de las 275 empresas más grandes de Estados Unidos, 82 de ellas «no pagaron impuestos y, además, fueron beneficiadas con ayudas económicas». Señala que empresas como Boeing, Hallibyurton, Morgan, Pepsi, Citigrolup y Xeros, entre otras, están constituidas en paraísos fiscales.