Ymientras tanto pasa el que sigue, pero el que sigue dice lo mismo/ y sin embargo nosotros vamos a contramano, a contraolvido...». Esta letra, de una canción de la argentina Teresa Parodi, teje en dos frases y con precisa puntada la sensación que tuvimos el pasado día 31 de octubre tras el debate habido en el Congreso español en el que se aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica. Un debate en el que fueron pasando unos y otros para decir, en esencia, lo mismo. Un debate cuyo desarrollo y resultado -no por obvio y previsto de antemano- es menos preocupante, ya que tras él las víctimas del régimen franquista seguimos yendo en nuestras reivindicaciones y propuestas a contramano, a contraolvido de la inmensa mayoría de la clase política representada en el Congreso español salvo contadas y honrosísimas excepciones.

Tras el debate y aprobación de esta Ley, las demandas de verdad, justicia y reparación reclamadas una y otra vez por las víctimas del franquismo seguirán estando ausentes de la práctica política mayoritaria por varias razones, la más gráfica de las cuales es que hoy, lo mismo que el pasado 31 de octubre, lo mismo que en 1977 y que el día que se dictaron las condenas que los llevaron a la cárcel, al «batallón de trabajadores» o en tantos casos al paredón, nuestros familiares y nosotros mismos -las víctimas- siguen y seguimos siendo culpables. Jurídicamente culpables -con todo lo que eso supone cuando se habla de condenas dictadas por un régimen tan fascista como el de Mussolini o como el nacionalsocialismo de Hitler, y que se van a mantener jurídicamente vigentes setenta años después de dictadas gracias a una ley aprobada por una democracia con treinta años de existencia. Esto es, creemos, lo mas preocupante de la Ley aprobada en el Congreso español: su apuesta sin ambages, mas allá de la fraseología de envoltorio, por el ya calificado como modelo español de impunidad.

No creemos excedernos en nuestra valoración negativa, ya que el mismo día de su votación se nos aportaba un nuevo argumento para ella: a su inicial falta de valentía en todos los temas a los que hacía mención se sumaba el trato hecho por el PSOE con CiU, PNV y CC para dejar un resquicio por el que la simbología franquista no sea retirada de las iglesias, hecho que creemos sumamente ilustrativo tanto de la posición del PSOE como de los partidos que lo han hecho posible, que consienten en dar a la Iglesia católica española esta opción a mantener su memoria histórica franquista por encima de cualquier otra consideración, la misma memoria histórica que públicamente ha refrendado en las últimas semanas con declaraciones de sus representantes cualificados y subrayada con la conocida y reciente beatificación de «mártires de la Cruzada». Esto es para nosotros un buen botón de muestra de las verdaderas intenciones de esta Ley y de lo que dará de sí.

Desde Ahaztuak 1936-1977 creemos además necesario subrayar lo que denominamos la aportación autonómica a este modelo español de impunidad concretada en el voto favorable a la Ley por parte de PNV, EA y NaBai, un hecho que se viene a sumar a la postura excluyente para con las víctimas del franquismo adoptada por el Parlamento de Gasteiz en la llamada Ponencia de Víctimas del Terrorismo de hace varias semanas. La falta de coherencia con algunas declaraciones públicas de estas fuerzas políticas creemos que es más que señalable, al igual que lo es la utilización en todo el proceso del debate público y mediático que ha precedido a la aprobación de la Ley y también en su propio contenido, de expresiones, declaraciones y terminología tramposas, expresamente interesadas en confundir a la opinión pública y a las propias víctimas del franquismo de los contenidos y objetivos de esta Ley: el trapacerismo que encierra la utilización de los eufemismos «ilegítimo» e «ilegal» para enmascarar la no anulación jurídica de las condenas del franquismo y pretender a sabiendas engañar con ello a decenas de miles de personas de buena fe. Esconde tal dosis de cobardía y bajeza moral que no es posible mirar hacia otro lado. Del mismo modo, intentar presentar como grandiosos avances y logros la inclusión en esta Ley de la «condena formal del régimen franquista» o de los términos «ilegítimo» e «ilegal»,«por vez primera en treinta años de democracia», no hace sino constituirse en una evidente interpelación a esos mismos grupos politícos que han apoyado la Ley sobre qué han hecho realmente en estos treinta años a favor de las víctimas del franquismo, aparte de homenajes y declaraciones huecas para su propio marketing político.

Con esta Ley otra vez, como hace treinta años con la transición -y otra vez con la colaboración activa de fuerzas políticas «de izquierdas» y «nacionalistas», por supuesto todas ellas «antifranquistas» para la galería...-, se intenta repetir para con las víctimas del franquismo la jugada de vendernos con un nuevo envoltorio dialéctico, político y mediático el olvido para nosotros y para nuestros derechos y la impunidad para el régimen franquista y sus delitos. Y otra vez como en 1977 -porque se les deja y se les facilita con leyes como ésta- vuelven a fortalecerse unos poderes fácticos a los que corresponden unos «valores fácticos», ambos -poderes y valores- con marcadas pervivencias de la ideología franquista, todo ello en un claro detrimento de la ya mermada democracia que dicen que tenemos. Y esto no es sólo una nueva vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo, sino un claro golpe a una sociedad y a una ciudadanía que quiere vivir, expresarse, decidir y construir su futuro individual y colectivo en paz y libertad.

Esto es lo realmente preocupante... ¿o no?