La iniciativa puesta en marcha por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro-Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma para evitar que la Iglesia católica privatice edificios públicos, cuenta ya con un importante respaldo municipal. A lo largo de esta semana han sido al menos ocho los ayuntamientos navarros que han adoptado acuerdos plenarios para iniciar «todos los procedimientos legales oportunos» a fin de impedir la privatización de edificios y bienes de uso religioso de sus respectivas localidades, «así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en la misma o similar situación».

En los acuerdos adoptados, estos municipios se comprometen también a inmatricular como bienes públicos, y a nombre del ayuntamiento respectivo, los edificios, ermitas, cementerios, casas y otras propiedades públicas que todavía estén sin registrar «y que sean susceptibles de ser privatizadas por la Iglesia».

El siguiente paso será enviar los acuerdos al Gobierno y Parlamento de Nafarroa para expresarles su «preocupación» por el futuro del patrimonio navarro, así como a todos los ayuntamientos y concejos del herrialde para solicitarles que traten este asunto en sus respectivos plenos municipales y adopten acuerdos iguales o similares.

Los ayuntamientos que ya han asumido este compromiso de defensa de su patrimonio han convocado a todos los alcales y concejales de Nafarroa a la asamblea que se celebrará el día 15 de diciembre en la Casa de Cultura de Burlata. En ella se elegirá la comisión de electos que se encargará de llevar la cuestión al Parlamento navarro, al Arzobispado y, «si fuera preciso», a los tribunales, a fin de que la Iglesia católica devuelva los bienes patrimoniales públicos que viene privatizando desde hace varios años.

Fuentes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro informaron de que, una vez que los ayuntamientos y concejos asuman su responsabilidad, la Plataforma se quedará en un segundo plano, si bien sus miembros están debatiendo propuestas para editar un libro, elaborar un vídeo y convocar alguna manifestación.

Apoyos incluso de la derecha

Uno de los ayuntamientos que ha aprobado la propuesta de defensa del patrimonio ha sido Uharte, y además lo ha hecho por unanimidad. La corporación municipal está integrada por 3 concejales de EA, 2 de ANV, 2 de Zubiarte y 4 del Grupo Independiente Huarte (afín a UPN y CDN), que también votaron a favor de la moción.

La explicación puede ser que ya existe una sentencia de 1820 que dice que la iglesia de Uharte pertenece a esta villa. «Nunca se ha dudado, aun por parte del párroco, que la villa sea patrona de dicha iglesia; todos los documentos lo acreditan, tiene esculpidos en la misma sus escudos de armas, cuya divisa es un Grifo», afirma la sentencia, y añade: «Aunque no he podido apurar el origen del patronato de las iglesias de Huarte, encuentro una antiquísima y no interrumpida posesión, y una multitud de hechos, que me persuaden a creer que pertenece única y privativamente a la villa, con exclusión del vicario».

A pesar de ello, el Arzobispado la escrituró a su nombre en el año 2003, «con lo cual éste va a ser el segundo pleito por el mismo motivo», declaraba ayer a este periódico el alcalde de Uharte, Javier Bazterra (EA).

«Está claro que ha habido una inscripción unilateral por parte del Arzobispado y una apropiación indebida de la iglesia, al menos en Uharte, aunque en otros municipios me induce a pensar que también ha sido así. Nosotros entendemos que esta apropiación no debe ser un motivo de ataque a la Iglesia, y vamos a recurrir a la vía estrictamente administrativa -anunció el alcalde- para defender el patrimonio del pueblo, tal como nos corresponde como ayuntamiento».

Por su parte, la Plataforma considera que «la sospecha de que la Iglesia está preparando su futura financiación a costa de los bienes públicos está más que fundada».