La asamblea de la Red Gernika por la Autodeterminación que concluyó ayer en la villa foral ha vuelto a poner en evidencia que las aspiraciones soberanistas que crecen en Euskal Herria son compartidas por otros pueblos de Europa que, en una u otra medida, pretenden configurar su propio futuro y, en consecuencia, dibujar un nuevo mapa político del continente. Porque, si se repasa someramente la Historia de Europa, nadie puede discutir que ésta ya se ha acostumbrado a modificar sus fronteras internas a lo largo de los siglos y que quienes en su día se rasgaban las vestiduras ante los movimientos «secesionistas», o utilizaban la fuerza para intentar frenarlos, no tuvieron más remedio que aceptar la decisión respaldada en cada momento por aquellos colectivos políticos o populares que se constituían en portavoces y actores principales de las naciones emergentes.

En Gernika también se ha percibido durante estos días la solidaridad que llega a Euskal Herria desde otras naciones «todavía» sin Estado... o desde aquellas en las que sencillamente se asume que la libre determinación de los pueblos no es más que un derecho universal que debería poder ejercerse democráticamente en cualquier Estado de Derecho que se precie como tal.

No obstante, no se han omitido en esta asamblea las dificultades que esas aspiraciones nacionales se encuentran hoy en día en el seno de muchos estados europeos o en las propias instituciones comunitarias. Obstáculos que provocan la prolongación de un conflicto político como el que padece Euskal Herria y cuya solución, como ha quedado constatado por los representantes internacionales que se han dado cita en nuestro país, tendrá que llegar por medio de la negociación y el acuerdo entre las partes implicadas, sin ningún tipo de exclusiones.

Exclusiones que en nuestro caso se reflejan tan gráficamente como pudieron observar en persona los delegados internacionales que ayer cruzaron los muros de la cárcel de Martutene para visitar a Arnaldo Otegi en tanto que representante de la dirección encarcelada de una formación política que continúa luchando, más allá de su legítimo proyecto político, por la autodeterminación de su pueblo. Y los mensajes que estos electos de distintas naciones europeas están enviando al Gobierno español deberían servir, al menos, para sonrojar a quienes pretenden, además, utilizar el fallido proceso de negociación como un arma electoral para mantenerse aferrados al poder.

Instrumentos para asumir la soberanía

Con esta perspectiva general que marca la actividad política vasca resulta más clarificador observar los acontecimientos que diariamente se suceden en Euskal Herria. A principios de la semana, en una misma jornada, se conocía que siete jóvenes donostiarras habían sido detenidos de madrugada por orden de un juez del tribunal especial español y que un denominado Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había decidido abrir juicio oral, por mantener reuniones de forma pública, contra dirigentes políticos y contra el representante de una institución que se denomina Gobierno Vasco .

Transcurridos cinco días, el lehendakari Juan José Ibarretxe y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares no han sufrido más consecuencias que la estigmatización que pueda suponer para cada cual ser llamados a sentarse en el banquillo de los acusados. López afirmó ayer que él está muy tranquilo porque tiene el convencimiento de que «todo acabará en nada». Ibarretxe y las formaciones que comparten el Ejecutivo tripartito se han tomado la decisión judicial con más gravedad, al menos ante una opinión pública que observa con preocupación esta situación.

Mientras tanto, la mayoría de los dirigentes de la izquierda abertzale, procesados en esta causa o en otras promovidas también en aplicación de la misma Ley de Partidos, continúan encarcelados como consecuencia de una persecución política por parte del Estado español sin parangón en estos momentos en Europa. Y, mientras tanto, cinco de los jóvenes detenidos el martes siguen incomunicados, sin ni siquiera poder ser asistidos por un abogado de su confianza y sin que su situación alcance el grado de «escándalo» político o mediático que ha logrado la citada apertura de un juicio.

En este contexto es muy díficil entender que todavía haya quien diga, como se ha escuchado durante estos días a relevantes dirigentes de las formaciones que apoyan al Ejecutivo de Ibarretxe, frases como «ésta es la Justicia que tenemos en este país» en tono de reproche hacia los magistrados del TSJPV, como si realmente ese tribunal representara a «la Justicia de este país».

Con el respeto ciego a esos instrumentos de los que el Estado español, como el francés, se ha dotado para intentar impedir que la ciudadanía vasca logre plasmar el derecho de autodeterminación, difícilmente se logrará algo más que recibir el placet, aderezado con algún que otro reproche, de las autoridades de Madrid y París. Son estas circunstancias las que, diariamente, dan la razón a quienes defienden que es necesario dotarse de instrumentos soberanos para que Euskal Herria consiga dibujar su propio perfil en ese siempre cambiante mapa de Europa.