El motín de los presos de la cárcel de Santiago del Estero, a 1.150 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y el posterior incendio en el interior de la prisión se saldó con la muerte de 31 personas. A las puertas de la prisión, familiares de las víctimas exigieron «justicia» y garantías de que no habrá «más represión». Frente a ellos, el juez Ramón Tarchini prometió investigar «hasta las últimas consecuencias» estas muertes.

«Están todos muy bien de salud, he recorrido todo el penal y hablé con todos: esto es lo que ellos quieren que les diga», declaró el magistrado, que evitó informar sobre el número de heridos. Fuentes policiales señalaron que podría haber una treintena, de los cuales nueve estarían en estado grave.

En declaraciones a los medios, Tarchini dijo que «todo está tranquilo. Espero que esta tranquilidad continúe», señaló entre gritos de los familiares. Unas 200 personas permanecían a las puertas de la prisión, donde prendieron fuego a neumáticos, y llamaron «asesinos» a los jefes del servicio penitenciario provincial, quienes alegan que el motín y el incendio fue parte de un intento de fuga.

La tragedia comenzó el domingo por la tarde después de las visitas. Autoridades penitenciarias indiciaron que 42 presos se amotinaron en uno de los pabellones y provocaron un incendio del que no pudieron escapar por haber bloqueado el acceso al lugar. Ante las denuncias de las familias, Tarchini reiteró su promesa de «investigar esto hasta las últimas consecuencias». La Policía señaló que la mayoría murió por la inhalación de gases tóxicos producidos por la quema de colchones. No precisó si hubo detenidos en los enfrentamientos que mantuvieron con familiares que, estallar la protesta, intentaron entrar a la cárcel.

Lo sucedido ha puesto nuevamente en evidencia las duras condiciones de vida de los reclusos. Sus abogados denunciaron el trato «inhumano» que reciben. El abogado Diego Lindau subrayó que el 70% de los detenidos en el sistema penitenciario argentino está bajo proceso o sin condena firme por la lentitud de la justicia.

Además, fuentes judiciales admitieron que la prisión, que albergaba a 480 personas, «es un edificio obsoleto que está al límite de su capacidad». El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, Leonel Suárez, tuvo que reconocer que «sus pabellones son una trampa mortal» y que la infraestructura es «obsoleta».