Mikel Arretxe, Peio Lamarka, Unai Pérez, Ekaitz de Ibero y Egoi Alberdi, cinco de los siete jóvenes arrestados en Donostia hace hoy una semana, siguen todavía incomunicados. El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska los envió a prisión y prorrogó su situación de incomunicación, el pasado viernes a última hora, justificándolo en la necesidad de «practicar una serie de diligencias de investigación». Según se estipula en la legislación española, este régimen podría prorrogarse cinco días, es decir el plazo máximo finalizaría en la jornada de mañana.

Tras pasar ante el magistrado sin la asistencia de sus abogados de confianza, los otros dos jóvenes detenidos por la Policía española, Julen Garmendia y Jon Sardon, quedaron en libertad sin cargos.

Este operativo llevado a cabo por orden de la Audiencia Nacional española fue bautizado por las propias fuentes antiterroristas como el «tercer golpe a la estructura de la violencia callejera en las provincias vascas». No obstante, la información difundida por agencias españolas tras la toma de declaración de los siete jóvenes ponía en entredicho el objetivo del operativo, ya que los medios subrayaban sobre todo la pertenencia de estos donostiarras a la organización juvenil Segi.

Estas fuentes señalaban que a los jóvenes se les acusa de un delito de «integración en banda armada», ya que el juez considera «acreditada» la pertenencia a Segi de estos donostiarras. Asimismo, las agencias aseguraban que algunos de los jóvenes eran acusados de «delitos de estragos» y de «daños terroristas».

Askatasuna mostró su repulsa al régimen de incomunicación desde el primer momento de detención y es por ello por lo que los abogados de la defensa solicitaron al juez la puesta en marcha del protocolo diseñado por Baltasar Garzón. El magistrado por su parte, no aceptó la solicitud argumentando que «el Estado de Derecho cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la defensa de las personas detenidas».

El movimiento antirrepresivo también denuncia la «grave vulneración del derecho a la defensa» que sufrieron los jóvenes, al no ser asistidos por sus abogados; aseguran que en cualquier democracia este hecho sería un «claro escándalo político». Cientos de personas se manifestaron el sábado en Donostia.