El primer punto del Pleno del Parlamento ayer en Iruñea fue seguramente para muchos medios el más irrelevante de toda la jornada, además del más corto. No debe ser noticia que todos los contribuyentes navarros vayan a tener que aportar nada menos que 1.218.731 euros para resarcir a los grupos parlamentarios de las inversiones realizadas en la campaña del 27-M. Ni debe ser noticia que entre ellos no estuviera EAE-ANV, el cuarto partido más votado por detrás de UPN, PSN y NaBai en función de los 17.502 votos computados aquella noche como nulos.

Pero la realidad diaria de la ilegalización va mucho más allá que las imágenes de encarcelamientos y de cargas, más allá de Lizartza y de Ondarroa, más allá de la ventanilla cerrada del Ministerio de Interior y de los desmarques de las cúpulas de los partidos vascos. En el Parlamento navarro, que fue la primera institución en materializar el apartheid político hace ya cinco años, esto se reflejó ayer con claridad meridiana.

Se trataba de debatir y aprobar un proyecto de ley foral por el que se concede un crédito extraordinario de más de 200 millones de las antiguas pesetas «como subvención a los partidos políticos para la financiación de los gastos electorales». La cuestión se formuló como un mero trámite, y se resolvió como tal. Se registraron 44 votos a favor y ninguno en contra. E intervinieron todos los grupos parlamentarios, pero nadie dijo nada que no fuera básicamente amén.

El consejero Javier Caballero presentó el crédito indicando que «se trata simplemente de dar cumplimiento al mandato», en referencia a la ley de 1986 que contempla estas subvenciones con cargo a las arcas forales. Carlos García Adanero (UPN) y José Andrés Burguete (CDN) se congratularon por ello. Juan José Lizarbe, del PSN, reflejó la insustancialidad del debate: «Por añadir algo diferente, diré que votaremos a favor del proyecto salvo error u omisión». Se podía pensar que quizás Nafarroa Bai introdujera algún apunte para recordar que entre los premiados no iban a estar todos los que son, como hizo su parlamentaria Paula Kasares en su toma de posesión, pero ayer no tocaba: se diría incluso que Maiorga Ramírez no estuvo muy afortunado al argumentar que el crédito aprobado ayer «está derivado de una realidad electoral». Sólo Ion Erro, de IUN, puso algo de distancia al pedir «una reflexión sobre esta cuantía, quizás exagerada. Estamos hablando de que nos hemos gastado en campaña más de 1,2 millones de euros... Hay que racionalizar estos gastos y apostar por más debates», propuso.

En treinta días

El reparto exacto entre los grupos no se incluye en el proyecto de ley aprobado ayer, pero se debe atener a los criterios fijados por la Ley Reguladora de las Elecciones al Parlamento de Navarra, de 1986, en la que se definía un doble método que llevaba entonces aparejadas cantida- des fijas (en estos 21 años el total se ha multiplicado por siete más o menos): 750.000 pesetas de las de entonces por cada escaño obtenido y 60 pesetas por cada voto logrado «por las candidaturas que hayan obtenido al menos un escaño».

ANV, claro está, no figura entre ellos oficialmente. Su lista al Parlamento fue vetada. Pero en realidad le corresponderían dos escaños por los 17.502 votos, que suponen algo más del 5% de los 330.000 sufragios sumados por todas las fuerzas parlamentarias. Así que ayer, en esos cinco minutos, se habría embolsado unos 60.000 euros.

Sus votantes sí que contribuirán a los 1,2 millones de euros, ya que saldrán de la partida denominada «Aplicación del superátiv de ejercicios anteriores» de los presupuestos de 2007. El periodo límite establecido para el cobro es de 30 días.