Un día después de decretar el «estado de excepción» primero en la capital, Tbilisi, y, casi inmediatamente después, en todo el país, ayer el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, anunció la convocatoria de elecciones presidenciales para enero. Las presentó como un voto de confianza a su gestión. «Deseo recibir un mandato de confianza del pueblo para contrarrestar cualquier amenaza procedente del exterior, afrontar cualquier presión o intento de anexión de una parte de nuestro territorio», declaró en directo en la televisión pública. Sin embargo, no hizo ninguna mención al adelanto de los comicios parlamentarios, como exige la oposición.

La Casa Blanca expresó rápidamente su satisfacción por la decisión Saakashvili, su principal aliado en el Cáucaso, aunque le urgió a que revoque el «estado de excepción» cuanto antes, algo a lo que también parecía dispuesto el mandatario georgiano. A este respecto, aseguró que dejará de estar en vigor en los próximos días porque «la situación se está estabilizando con rapidez». Esta declaración se produce justo después de las críticas de la comunidad internacional y, en especial, de Estados Unidos, la OTAN y la ONU.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, dijo estar «particularmente preocupada por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza».

Para Human Rights Watch (HRW), Georgia «no tiene carta blanca para restringir libertades fundamentales sólo porque haya una crisis».

«Incluso en tiempos de crisis, los georgianos tienen derecho a protestar pacíficamente sin que les golpee la Policía», declaró la directora de HRW para Europa y Asia Central, Holly Cartner.

El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, subrayó que los acontecimientos de los últimos días «no van en la línea de los valores de la Alianza». Unas palabras especialmente preocupantes para Saakashvili que, tras asumir el poder en 2004, anunció la intención de Georgia de adherirse a la OTAN y de enfocar su política hacia Occidente.

Una ciudad tomada

El adelanto de las presidenciales requiere de la aprobación del Parlamento, donde los seguidores del presidente son mayoría. Coincidiendo con esta cita, adelantó la celebración de un referéndum para decidir si las elecciones legislativas serán en primavera, tal y como exige la oposición, o en otoño.

Entretanto, el centro de la capital georgiana amaneció prácticamente ocupado. Numerosas fuerzas policiales y efectivos militares tomaron la avenida Rustaveli, la principal de Tbilisi.

Hileras de efectivos de las tropas del Ministerio de Interior, vestidos con uniforme y sin armas, se hallaban apostadas en las aceras a una distancia entre 30 y 50 metros cada una, pero permitían el paso de las personas. Las dos estaciones del metro, ubicadas a los dos extremos de Rustaveli, donde se hallan las sedes del Legislativo y el Ejecutivo, fueron cerradas al público.

La Universidad del Estado y el Instituto Pedagógico estaban absolutamente desiertos; las autoridades ordenaron la suspensión hasta el próximo lunes de las clases en todos los centros educativos, incluidos los jardines de infancia.

En cuanto a los medios de comunicación, la única con permiso para difundir noticias es la Televisión Pública. Otras cadenas y emisoras de radio se limitaron a ofrecer programas musicales, de entretenimiento y educativos.

El presidente georgiano defendió la adopción de estas medidas restrictivas porque es «una respuesta forzosa, la única adecuada a los intereses de destruir el orden constitucional».

«Hemos defendido el Estado y la democracia. Hay documentos que confirman la implicación de fuerzas foráneas en estos acontecimientos», insistió.

El miércoles, expulsó a tres diplomáticos rusos, a quienes acusó de mantener contactos con la oposición. En respuesta, Rusia declaró ayer persona non grata al mismo número de diplomáticos georgianos acreditados en Moscú, que tendrán que abandonar el país.

Mientras Saaklashvili responsabilizó a los servicios secretos rusos de las protestas que comenzaron el 28 de setiembre y se agudizaron el pasado día 2, el presidente de la Duma, Boris Grizlov, responsabilizó a Estados Unidos de atizar los ánimos contra Rusia en Georgia y calificó de «provocación irresponsable» las acusaciones de Georgia.