La Asociación de Defensa del Ulster (UDA) vuelve a protagonizar el nuevo informe elaborado por la Comisión de Verificación, que le ha acusado de orquestar enfrentamientos con otros lealistas y fuerzas de seguridad. Señala que la UDA es directamente responsable de las heridas por arma de fuego que sufrió en agosto un policía en la barriada de Kilcooley, en Bangor (situada a las afueras de Belfast). La organización lealista protagonizó una revuelta callejera con la concentración de, al menos, 200 paramilitares y una carga policial en la que seis personas resultaron heridas

También se ha visto involucrada en los disturbios ocurridos en julio en Carrickfergus, en el condado de Antrim. En aquella ocasión, un agente recibió un tiro mientras trataba de intervenir en una disputa entre facciones rivales.

Asimismo, han sido acusados de ataques de índole racista, como la bomba incendiaria contra dos inmigrantes polacos residentes en Ballymena.

A pesar de los llamamientos públicos de algunos de los líderes de la UDA, sus miembros siguen participando en el tráfico de drogas, venta de copias ilegales de productos y créditos ilegales. Las discrepancias entre estos pronunciamientos públicos y las acciones de sus miembros se deben, según el informe de la Comisión, a tensiones internas. El documento apunta a que la UDA no dispone de una estructura centralizada, lo que limita su capacidad de cambio.

El secretario de Estado para el norte de Irlanda, Shaun Woodward, ha exigido a la UDA el decomiso de armas como prueba de su compromiso con el proceso político. No obstante, subraya que, pese a la reunión inicial entre representantes de este grupo paramilitar y la Comisión de Decomiso, no se ha producido ningún contacto en relación a la destrucción del armamento.

Dicha reunión se celebró horas antes del final del plazo de sesenta días impuesto por la ministra de Asuntos Sociales del Gobierno norirlandés, Margaret Ritchie, para el decomiso de armas de la organización lealista. Días después de expirar el plazo (6 de octubre), Ritchie confirmó la retirada de la financiación del programa de reinserción de la UDA debido a que proseguía con sus actividades criminales.

Doble llamamiento

Aunque Woodward reconoce que algunos líderes lealistas tratan de alejar a sus organizaciones de actividades como el tráfico de droga, resalta que el desarme «es la prueba clave por la que las organizaciones paramilitares serán juzgadas».

En esa línea, insiste en que son los hechos y no las declaraciones lo que cuentan.

Por ello, emplaza a la UDA y el UVF, otra organización paramilitar lealista, a que muestren coraje y liderazgo para dar ese paso. El 3 de mayo, el UVF anunció su disolución y que su armamento ya no estaba disponible para sus miembros. Sin embargo, la Comisión de Decomiso advirtió de que el desarme no pudo ser verificado.

En su informe, reconoce que los dirigentes del UVF han mantenido reuniones con sus bases y han reducido el número de miembros, expulsando a algunos por indisciplina y permitiendo el abandono de otros.

En cuanto al IRA, Woodward expresa su satisfacción con la evaluación. Concluye que mantiene sus compromisos así como la vía por una solución negociada y estable.

Respecto al IRA de Continuidad, considera que es responsable de la muerte de dos de sus miembros en Belfast cuando planeaban crear una nueva organización republicana.