PSOE y PP unen sus votos para que ANV no recupere bienes incautados
El PSOE logró al final su propósito de marginar a EAE-ANV en el reparto de los bienes incautados durante el franquismo. ERC y PNV solicitaron la votación separada de este apartado, poniendo de manifiesto su negativa, a la que también se unieron CiU e IU-ICV. No obstante, los votos de PSOE, PP y Coalición Canaria bastaron para posibilitar la exclusión de la formación ekintzale. Ahora el debate para ratificar la reforma pasará al Senado español.
GARA |
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha logrado excluir a ANV del reparto de los bienes incautados por el franquismo. Así lo ratificó ayer la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que finalmente incorporó la enmienda ingeniada por el PSOE para cambiar la redacción de la norma y marginar así a la formación ekintzale.
Esta modificación ya fue aprobada el pasado martes en el seno de la ponencia. No obstante, PNV y ERC solicitaron ayer la votación separada de este apartado, con el fin de poner de manifiesto su rechazo a ese añadido. Así lo hicieron también CiU e IU-ICV, aunque sólo rehusaron la aplicación de la ley sobre aquellas formaciones con candidaturas anuladas.
Ahora, una vez aprobada en la Comisión Constitucional, esta reforma a la ley impulsada en 1998 por el Gobierno presidido por José María Aznar pasará directamente a la Cámara Alta.
Lo que pretendía ser una reforma para «aumentar los recursos de financiación y flexibilizar los procedimientos» de la Ley de Restitución de Bienes incautados entre 1936 y 1939, el partido de Rodíguez Zapatero lo ha utilizado para incidir en su particular batalla contra la izquierda abertzale.
Una vez fusionadas las tres proposiciones de ley presentadas por ERC, CiU e IU-ICV para subsanar lo que entendían como defectos de la aplicación de la norma, el PSOE introdujo una nueva enmienda donde no disimulaba sus intenciones. En el precepto se planteaba un nuevo apartado de ley que estipule expresamente que no se podrá restituir ni compensar a «partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente».
Pero no sólo eso, ya que el escrito todavía iba más allá y, en clara referencia a ANV, señalaba que tampoco podrán recibir indemnizaciones aquellas formaciones contra las que ya se haya iniciado el procedimiento de ilegalización o si han visto anuladas sus candidaturas, en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos.
Flexibilizar los mecanismos
Exceptuando este apartado que excluye a la formación ekintzale, el resto del texto ensancha el ámbito subjetivo de aplicación de la ley para alcanzar a las entidades sociales o culturales vinculadas a los partidos políticos, así como a los bienes que tenían fuera del Estado español.
Igualmente, se flexibilizan los mecanismos de prueba para acreditar la titularidad de los bienes de aquellos años, a la vez que se acuerda que las compensaciones serán mayores que las derivadas de la ley de 1998.
Al cambiar las condiciones, la ley abrirá además un nuevo plazo de un año para que las formaciones políticas afectadas puedan presentar nuevas solicitudes de restitución.
El PP centró sus críticas en el PNV, ya que entiende que esta formación «busca la reversión de un palacete» en París. Recalcó que el edificio «nunca fue del PNV sino del Gobierno Vasco, por lo que pertenece a España».
El PP ha sido el único partido que se ha mostrado contrario a esta reforma, e incluso ha anunciado que estudiará la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. No obstante, la formación de Rajoy no ha votado en contra de toda la norma, ya que ha dado su visto bueno al precepto que excluye a ANV. Y eso a pesar de que el diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo, su representante en el debate, mostró dudas en torno a su legalidad. El dirigente navarro agregó que tanto el Gobierno español como el PSOE «han caído en su propia trampa» al percatarse del «escándalo» que hubiera supuesto que ANV incrementase sus fondos.
En esa línea de censurar la nueva ley, que tildó de «éticamente reprobable» porque, a su juicio, da validez de prueba a los indicios de titularidad y favorece «la discrecionalidad» para el reparto de fondos públicos, dijo que las modificaciones son «cúmulo de despropósitos» que desembocan en un «asalto y un expolio de bienes públicos». Del Burgo proclamó que «al latrocinio de 1939 no se puede responder hoy con otro latrocinio».
Sobre el edificio de París que a día de hoy es la sede del Instituto Cervantes y que el PNV reclama como suyo, el diputado de UPN advirtió que si el PSOE «ha pactado esta tropelía, si se confirmara ese expolio, el Gobierno habría entrado, de hoz y coz, en el Código Penal».
