Las transnacionales españolas y vascas están obteniendo una elevada rentabilidad económica en Latinoamérica a costa de deteriorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, de empeorar los servicios básicos, como luz y agua, de la población y de no tener en cuenta el medio ambiente en sus explotaciones industriales. Son numerosas las denuncias de los organismos sociales y económicos de actuaciones irregulares, que ponen en entredicho el papel de desarrollo de esas inversiones.

Esta vía se ha convertido, en realidad, en el principal sistema de la colonización económica del siglo XXI que la globalización está permitiendo y que, al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, no reduce la pobreza, sino que está elevando la desigualdad social. A estas conclusiones están llegando los organismos sociales y económicos alternativos, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha desentrañado irregularidades de empresas españolas en Colombia, Nicaragua, Guatemala y Perú, entre otros lugares.

Ganancias en peligro

Latinoamérica es, en este momento, el principal baluarte económico y de expansión de muchas de las compañías españolas y vascas. La preocupación de algunos gobiernos por la pérdida de capacidad de decisión ha alterado a responsables políticos y empresariales, que están acaparando el control económico al otro lado del Atlántico y ven peligrar su importante fuente de ganancias.

Entre las trasnacionales españolas y vascas que se han desplegado sus negocios allí se encuentran Abertis, Acciona, ACS, Aguas de Barcelona, Altadis, BBVA, Calvo, Cepsa, Ebro Puleva, Ence, Endesa, FCC, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex (Zara, entre otras) Grupo Prisa, Prosegur, Repsol YPF, Santander, Telefónica y Unión Fenosa. Llegaron de forma escalonada, una vez que el Consenso de Washington obligó a privatizar la energía, el agua, las telecomunicaciones y la banca para poder afrontar la elevada deuda de esos países. Se trató de liberalizar los negocios económicos, de tal manera que la empresa privada se ha hecho con las principales actividades.

Un análisis realizado por el Banco de España sobre la actividad inversora de las trasnacionales españolas indica que entre 1993 y 2006 han logrado unas plusvalías en torno a los 250.000 millones de euros a nivel mundial, entre el valor de las inversiones y el valor de las mismas en el mercado. El 40% de las inversiones se efectuaron en países emergentes, sobre todo, de Latinoamérica, lo que representa que en los catorce años de actividad de las empresas españolas y vascas generaron unas plusvalías para su actividad económica en torno a los 100.000 millones. Una cantidad nada despreciable y que puede ser sólo la punta del iceberg, puesto que una parte importante de la actividad económica se escapa al control.

Libre comercio con México

Un informe del Transnational Institute, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, publicado este verano, analiza de forma crítica los siete años del Tratado de la UE con México. Afirma que debe ser «una alerta para el sur global». Se firmó en 2000 por el actual director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy, que entonces ocupaba el cargo de Comisario europeo de Comercio.

El acuerdo, y otros posteriores que se están ultimando en sudamérica, están sirviendo para desregular el comercio, lo que permite a las multinacionales «hacer negocio fácil». El estudio reconoce que entre 2000 y 2006, el déficit comercial de México frente a la UE ha aumentado un 79,6%, de 6.490 millones a 11.660 millones. La principal conclusión a la que llega la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio es que ese tratado «ha servido principalmente a las empresas europeas para facilitarles la producción a costes menores y utilizar México como plataforma de envío de bienes a los mercados de mayor poder adquisitivo como Estados Unidos y Canadá, a la vez que para actuar en favor del sector que acumula más riqueza». Los datos que aporta son impecables, ya que la inversión extranjera que entra en ese país centroamericano entra en un 65% de Estados Unidos y un 30% de la Unión Europea, de ésta cantidad el Estado español controla cuatro de cada cien euros que se invierten.

«Abusos de BBVA y Santander»

Destaca el caso del sector financiero en el que BBVA, Grupo Santander y el HSBC «se han constituido en un freno al crecimiento de México y una fuente de abusos para los consumidores». En el ámbito de la energía, también están Iberdrola, Electricité de France y Unión Fenosa. «Gestionan -según ese organismo internacional- un jugoso negocio que les está dando unos dividendos importantes que han apuntalado sus utilidades globales, a pesar de la ilegalidad de los llamados contratos de servicios múltiples con respecto a la Constitución mexicana, bajo los cuáles las empresas invierten».

En el sector del agua, también se producen «abusos hacia los consumidores», que conllevan «incrementos en las tarifas por encima de los precios; violación de los derechos laborales y elevados salarios para los principales directivos».

El Tribunal Permanente de los Pueblos, un organismos internacional que se creó bajo esa denominación en 1979, denuncia y juzga la actividad de las trasnacionales en diferentes países. En octubre juzgó el papel de Unión Fenosa en Nicaragua y Guatemala. Denunció que ha encarecido la energía, que ha destruido empleo y que actúa de manera irregular para con las leyes de Nicaragua y del Estado español. Hay muchos casos como el de Telefónica.