Hemos leído recientemente en las páginas de este diario sendas cartas al director de Izaskun Azkarate y Mikel Korta y un artículo de Iñaki Uria. Estas personas denuncian en sus escritos el comportamiento de cuatro de los cinco miembros de un tribunal evaluador de la oposición a una cátedra bilingüe. Al parecer el tribunal desestimó por segunda vez al candidato Kepa Korta, profesor de la facultad de Filosofía de la UPV. Los denunciantes atribuyen el resultado al hecho de ser cuatro catedráticos españoles los encargados de conceder la plaza en juego. Se deduce de sus comentarios que nos encontramos ante un caso de rechazo por motivos políticos o ideológicos.

A lo largo de nuestra experiencia en la Universidad hemos podido conocer numerosos concursos de contratación en los que ha habido evidentes discriminaciones con algunos de los aspirantes a los diferentes tipos de plazas. Tanto si se refiere a contratados como a funcionarios. Algunas de ellas por evidentes motivos político-ideológicos. Otras por el perfil especial del candidato. En fin, una buena parte por causas múltiples como corporativismo, preferencias por otros candidatos o rechazo de algún aspirante molesto. Cualquier profesor de la UPV ha conocido alguno de estos casos, siendo uno de los temas más recurrentes y comentados en la vida universitaria.

Ante estas injusticias, los afectados, a veces grandes profesionales con sobrados méritos para obtener un determinado puesto, tienen varias opciones: la más inmediata es presentar alegaciones a la comisión universitaria encargada de tramitar los recursos. Como normalmente esta instancia suele ratificar lo acordado con anterioridad, el concursante u opositor puede acudir a los tribunales de justicia para reclamar los derechos que considera violados. Poco se puede esperar de esta segunda instancia que suele dejar las cosas como estaban. Cuando se da algún conflicto de alto voltaje político, los jueces acostumbran a pronunciarse a favor de los intereses de la «casa», es decir, los del Estado español. Recordemos lo sucedido con la cátedra a la que aspiraban Francisco Letamendia y Edurne Uriarte.

En algunas, pocas, ocasiones y ante la evidencia de las irregularidades cometidas, ciertos jueces aceptan los recursos de los demandantes. Normalmente mandan repetir las evaluaciones a los mismos tribunales académicos que les habían rechazado inicialmente. Con los efectos previsibles: ratificación de lo ya acordado. Si al excluido le quedan ganas, vuelve a recurrir y así indefinidamente. Al final el concursante se retira o lo eliminan por alguna causa después de interminables años de pleitos. En casos excepcionales se le concede una indemnización cuya cuantía depende de su paciencia y de la de su abogado. En casi ningún supuesto llegan a disfrutar de la plaza que consideraban habían ganado.

Entre los damnificados por estas prácticas se encuentran bastantes abertzales pertenecientes a diferentes corrientes políticas. Ello no resulta extraño porque la violencia del Estado español contra sectores de nuestro pueblo se refleja también en la Universidad, que es uno de los espacios de confrontación política. Pues la UPV no es la Universidad del País Vasco. Se trata más en concreto de la universidad española ubicada en la comunidad autónoma. Por eso no es acertado diferenciar, como lo hace Iñaki Uria, entre catedráticos españoles y catedráticos vascos. Porque en ambos casos se trata de una misma figura jurídica: la de funcionarios del Estado español. Estamos convencidos de que lo que le ha pasado a Kepa Korta le podía haber sucedido con funcionarios «vascos», como desgraciadamente ha ocurrido en otras ocasiones. En cuanto al rector, no es más que una pieza de esta maquinaria que tiene unas reglas de juego precisas que toda autoridad académica debe respetar. Reglas que, por supuesto, son una trampa mortal para los que deseamos que dichos hechos no ocurran.

Sólo cuando nuestro pueblo alcance su soberanía política y exista una universidad nacional vasca algunos de estos problemas podrán encontrar una solución. Mientras tanto pueden arbitrarse remedios parciales. Por ejemplo, reclamar las transferencias a la comunidad autónoma de las competencias en materia de profesorado universitario todavía no transferidas. O bien apuntarse a la vía del profesorado propio. La vía laboral abre un camino de promoción profesional a los funcionarios que quieran ser asimilados a catedráticos propios regidos por una ley vasca. Así como a otros profesores que deseen convertirse en estables a partir de pruebas que esperemos no tengan el grado de arbitrariedad de las oposiciones y contrataciones actuales.

Dentro de la UPV se pueden combatir esas injusticias creando figuras como el defensor del universitario, comisiones específicas de vigilancia, etc. Aquí sí que deben tener el equipo rectoral y los órganos universitarios un papel esencial a la hora de promocionarlos y crearlos. Servirían de contrapeso al poder de los departamentos, de los órganos de poder universitario y de los propios jueces.

De todas formas, el modo más efectivo para hacer frente a esos abusos es su denuncia desde dentro y fuera de la Universidad. Y la movilización e implicación de sindicatos, sectores universitarios y personas agraviadas. Creando un clima de opinión que frene este tipo de prácticas.