La recta final del año es el período en que se concentran los plenos para el debate y aprobación de las cuentas de las diversas entidades públicas. Desde los ayuntamientos a las diputaciones, pasando por los parlamentos autonómicos, las instituciones se centran en los proyectos de cuentas, y en un momento de proximidad electoral, como el presente, ese trámite se puede ver acompañado de promesas relativas al modelo impositivo que defiende cada cual. A diferencia de lo que ocurre con las grandes infraestructuras, en las que se traslada a la ciudadanía que la construcción de nuevas y más modernas vías, o de nuevos y más veloces ferrocarriles, es promesa de mejora, con los programas en materia de impuestos ocurre exactamente lo contrario: lo más es prometer una bajada de impuestos.

De este modo, y mientras se insiste en los grandes retos que tiene planteada la sociedad en todos los órdenes -lo que lleva a pensar que el satisfacerlos exigiría una política impositiva más rigurosa- se postula una menor presión fiscal. No hace falta ser un experto en materia económica para ver que en ese modelo impositivo alguien hace trampa. En la Diputación de Gipuzkoa volvió a plasmarse ayer un debate que pone en evidencia la necesidad de abordar desde una óptica diferente, más justa y equitativa, la política fiscal. Dejando de lado un compromiso con su socio de gobierno (EA), que ya de por sí planteaba un tipo bien generoso para con las empresas del herrialde (30%), el partido del diputado Markel Olano se decantó por rebajar hasta el 28% el Impuesto de Sociedades. En base a ese modelo de renunciar a recaudar impuestos, el Gobierno de Lakua dejará de ingresar en 2008 632 millones. En Nafarroa, el Gobierno foral perdonará directamente a las empresas más de 200 millones en ese ejercicio, mientras que el Gobierno español también fija, vía presupuestos, una reducción contributiva al sector empresarial que supera los 8.200 millones.

El hecho de que las rentas declaradas por los trabajadores con nómina se sitúen por encima de las de profesionales y empresarios sólo pone en evidencia el enorme caudal de dinero que elude el cauce fiscal. Y perseverar, como con el IS, en la rebaja «a la carta» -sin poner freno al fraude- implica renunciar al nivel de inversión social que permita a Euskal Herria acercarse a los países de referencia de la UE.