La Asociación Contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem) mostró ayer su «absoluta repulsa» hacia el sufrimiento que padecen los niños y las niñas. Sus representantes Sonia Franco y Esther Antero comparecieron con motivo del Día Internacional de la Infancia, que se celebra hoy, y pidieron a los legisladores que endurezcan las penas y a los jueces que castiguen con mayor firmeza a quienes son capaces de maltratar o someter a la infancia.

Se refirieron especialmente a los niños y niñas que son víctimas de la violencia de género. «No queremos seguir escuchando por parte de gobernantes, políticos, jueces e instituciones promesas de una vida mejor para ellos, mientras se tienen que seguir reuniendo con sus padres», advirtieron. Y es que, en su opinión, sus hijos e hijas no son simplemente testigos de la violencia, y se debe trabajar con ellos para recuperarlos. «Pero todo el esfuerzo que pongamos en recuperar a estos menores se interrumpe cuando se trunca por una acción judicial o institucional», denunciaron.

Por ello, recordaron que la Ley Integral contra la Violencia de Género contempla la retirada de la patria potestad al agresor y pidieron a los jueces que la apliquen. «La retirada de la patria potestad no es un castigo al agresor, sino una medida de protección para el menor; el maltratador puede acosar, perseguir, controlar, golpear, insultar e incluso utilizar de forma despiadada a sus hijos para hacer más daño si cabe a la mujer», explicaron.

Por ese motivo, mostraron su preocupación por que términos como la «alienación parental» estén siendo utilizados para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los menores hacia un padre violento. «Es alarmante la aceptación en algún juzgado de este mal denominado `síndrome de alienación parental', cuya validez científica no ha sido contrastada; se le da crédito y se acusa a la madre, que está intentando proteger a su hijo o hija, de mentir y alienar al menor», criticaron, al tiempo que alertaron de que este tipo de situaciones tienen como consecuencia «el temor a denunciar abusos a menores por parte del tutor».

Llegados a este punto, Antero y Franco quisieron mostrar su apoyo y solidaridad a «dos niños que fueron desatendidos por la Diputación de Gipuzkoa durante más de 10 años». La Audiencia de Gipuzkoa reprobó a la institución foral por no sacar al menor y a su hermana del entorno familiar. Tuvieron el mismo gesto tanto con la madre como con el menor que fue secuestrado por su padre en un punto de encuentro de la Diputación de Bizkaia, así como con muchos otros menores que sufren maltrato.