Kutxa disfruta todavía hoy de un crédito social heredado de su actuación histórica. Es notorio que desde el surgimiento de los Montes de Piedad en el siglo XII como alternativa a la usura y con el reconocimiento del interés social que les dio a estas entidades la legislación de 1838, las cajas de ahorro guipuzcoanas ejercieron una gran actividad contra la pobreza y fomentaron la agricultura, la ganadería y la pesca, el desarrollo forestal, así como de instituciones docentes. Desarrollaron esa labor incluso desde 1937, durante el régimen franquista, a pesar del escaso margen de maniobra que les dejaba.

Sin embargo, CAM y CAP emigraron de sus raíces y es- tatutos desde los primeros tiempos de la transición, aprovechando que la sociedad desplazaba sus exigencias a los nuevos agentes políticos e instituciones. Su gestión quedó en manos de tecnócratas y partidos. Y éstos las mimetizaron con el sistema financiero de la banca.

En los últimos años, los dirigentes de Kutxa -surgida de la fusión de ambas cajas en 1990- han dado un paso más en ese mimetismo, al igual que muchas otras cajas del Estado español. La banca ya no se dedica preferentemente a trasladar el dinero desde los ahorradores a los inversores de producción, sino que lo dirigen al campo especulativo, como se advierte en el actual derrumbe crediticio. Y las cajas, en vez de marcar su propia lógica financiera al servicio de la sociedad y la actividad productiva, han seguido esa estela. Las cajas de ahorro andaluzas, por ejemplo, han ejercido como promotoras y financiadoras del boom inmobiliario de la costa, mientras que el interior de Andalucía se desertizaba económicamente.

También Kutxa, ha tenido la gravísima actuación de engancharse a esas mismas inversiones inmobiliarias de la costa mediterránea, como recientemente ha evidenciado la prensa. El mismo Banco de España ha impuesto a Kutxa un plan de desinversiones en varios desarrollos inmobiliarios por un importe que ronda los 300 millones de euros.

Otra decisión reveladora de ese deterioro social de Kutxa se refiere a la decisión de aumentar desde el próximo 1 de diciembre las tarifas de mantenimiento de 3 a 10 euros anuales en la libreta a la vista y de 8,5 a 15 en la cuenta dorada. También pretende cobrar 0,06 euros por cada apunte en una cuenta cuando se superen los 50 apuntes en un trimestre; y rebajar los intereses que pagarán a los ahorradores. Estas modificaciones gravan especialmente a los impositores menores, impositores para los que -recordémoslo- fue creada Kutxa

Frente a esa gestión, no es necesario diseñar una alternativa desde el exterior. Basta llevar a los dirigentes de Kutxa a los estatutos de ésta. Según afirman esos estatutos, Kutxa es «una institución financiera de carácter social exenta de lucro mercantil» (art. 1º). No basta con pagar una especie de tasa, es decir, con destinar una parte de sus beneficios a obras y acciones de marketing social. Kutxa debe funcionar como «una Entidad nacida del pueblo guipuzcoano para darle cobertura, con visión empresarial y la máxima calidad, a cuantas necesidades se le planteen en el plano de los servicios financieros, (...) prefinanciero o incluso no financiero» (art. 4º). Debe actuar como parte substancial de un sistema financiero guipuzcoano y, en definitiva, vasco, teniendo en cuenta la interrelación de los territorios.

Los dirigentes de Kutxa tampoco pueden seguir la estela de precariedad en el empleo marcada por otras empresas, sino que deben actuar «fomentando la identificación del personal con la Entidad» (art. 4º). En cuanto al tratamiento del impositor, han de asumir que «el objeto propio de la Caja será el fomento del ahorro y de la previsión» (art. 4º), y que «los impositores y depositantes de toda clase (...) tendrán el carácter de acreedores privilegiados en concurrencia con los demás» (art. 5º). Toda penalización de los impositores más débiles supone una prevaricación social.

En el supuesto de que los dirigentes de Kutxa no rectifiquen su actual proyecto y su gestión, el impositor deberá asumir que Kutxa no es ni «nuestra» ni cercana y desposeerla del inestimable label de calidad social que se le otorgó en su día.

Quienes representamos a parte de los impositores en la Asamblea de Kutxa a través de Banatuz asumimos la obligación de exigir un cambio en la gestión, un cambio con el que Kutxa recupere su función social. Y haremos lo posible para que así suceda.

(*) Este artículo lo firman, además de José Mª Pérez Bustero y Maixabel Gaztañaga, José Mª Galarraga y Marian Urruzola, también consejeros de Kutxa en nombre de Banatuz