Comerciantes del mercado de la Ribera han constituido una plataforma que reclama al Consistorio bilbaino la paralización del proyecto de reforma de la emblemática plaza de abastos. Son 55 y ya se han pronunciado antes por separado en contra del proyecto que defiende el Gabinete de Azkuna, no por la renovación de las instalaciones, que consideran necesaria, sino por el coste que representa y porque éste repercuta en un alto porcentaje a los tenderos.

A este respecto, Marcos Fernández, uno de los integrantes, indicó que si en el año 98 el coste de la reforma del puesto le suponía 1,5 millones de pesetas, «ahora cada metro cuadrado de reforma me sale a 6.300 euros». Para dar cuenta del coste que representará el proyecto, los afectados añadieron que hacer frente a la renta, gastos corrientes como teléfono, autónomos, seguro, agua, luz más la entrega de la amortización del préstamo para la renovación suma alrededor de 2.631 euros al mes.

Así, representantes de la plataforma mostraron las 55 firmas recabadas entre titulares de puestos y aclararon que hasta el momento son 38 los titulares que se han adherido a los planes de la sociedad gestora de la plaza y el Ayuntamiento, por lo que apuntaron que «la adhesión de menos del 50% de los comerciantes» deja en evidencia «que no están contando con la opinión de los afectados en el diseño de la futura plaza». De hecho, otra de las críticas que hacen a la remodelación de la plaza, se refiere a la falta de información con la que se ha tramitado la financiación y el oscurantismo que observan alrededor de los verdaderos planes del Ayuntamiento.

Manifestaron su «preocupación ante el proyecto de reforma que se trata de imponer». Mantienen que esa actuación «va a poner en peligro numerosos puestos de trabajo» y subrayaron que son muchas las familias afectadas, así como otros empleos no directos relacionados con su actividad. Estas razones llevan a la plataforma a solicitar que se realice una consulta sobre el modelo de mercado, financiación y gestión. Entre tanto, mantiene que la actuación debería paralizarse y demandan que se reconduzca todo el proceso desde el principio.

Insisten en evitar exclusiones y abogan «por que se mantenga el modelo regulador de precios y calidad que siempre le ha caracterizado» y apuesta «por un modelo de mercado popular de abastecimiento de alimentación básica de calidad y con control sanitario público».