El grupo de EAE-ANV en Juntas Generales de Araba, en una nota hecha pública en relación a la polémica surgida en las instituciones alavesas en torno al proyecto de construcción de una macrocárcel en Langraiz, se pregunta «qué peaje ha de pagar el PNV al PSOE para aceptar un proyecto que va a condicionar en gran medida el futuro» de la llanada oriental.

La formación ekintzale ve en los últimos movimientos realizados por los diputados del PNV en torno a este proyecto «una consecuencia más de los pactos» suscritos en Araba entre la formación jeltzale y el PSOE para aprobar los presupuestos. En concreto, EAE-ANV se refiere al rápido movimiento del PNV para «desautorizar» al diputado de Medio Ambiente «por mostrarse crítico ante el proyecto».

Un gesto por el que el grupo juntero independentista considera que el PNV «deberá explicar con toda claridad su posición ante la macrocárcel». Porque, en opinión de EAE-ANV, «es una muestra de hipocresía política» que digan que no están de acuerdo con el proyecto «pero que van a facilitar su construcción modificando el Plan Territorial de Araba central, y poniendo así una alfombra roja a la construcción de este proyecto penitenciario».

El diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA), recordó el pasado lunes que un informe elaborado por su departamento el pasado mes de octubre paralizó el procedimiento iniciado por Interior para construir una nueva cárcel en Langraiz, y con- sideró «un atropello» que el Ministerio español siguiera con el proyecto.

Compra de terrenos

Si lo afirmado por EAE-ANV se confirma, el atropello al que aludía el diputado Mintegi estaría ya en marcha.

El grupo que representa a la formación ekintzale en las Juntas Generales de Araba registró recientemente una iniciativa para que el diputado de Obras Públicas y Equilibrio Territorial explicara «el grado de conocimiento que tiene el Ejecutivo foral de las actuaciones que viene realizando el Ministerio del Interior en Araba» para la construcción de la nueva prisión en Langraiz.

Esta preocupación se debía a que EAE-ANV dice haber tenido conocimiento de que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que es la encargada por el Estado español para la construcción de todos sus equipamientos penitenciarios, «está adquiriendo desde 2006 terrenos en el municipio de Iruña-Oka», además de los que corresponden a un antiguo polvorín, y que Interior «ha iniciado los procesos urbanísticos» necesarios para llevar adelante la obra. Un paso para el que precisan la colaboración de Ayuntamiento y Diputación, para la modificación de las normas subsidiarias o la elaboración de un plan especial.