El Parlamento de Gasteiz reconoce la limitación para actuar sobre el empleo
El Parlamento de Gasteiz, con los votos de PNV, EA y EHAK, constató ayer que el Plan de Empleo 2007-2010 del Gobierno de Lakua deja en evidencia que el marco autonómico actual está agotado, por lo que apostó por impulsar medidas concretas para combatir la falta de capacidad legislativa en esta materia. El propio consejero Joseba Azkarraga reconoció la limitación para regular contratos, salarios o prestaciones.
GARA |
El Ejecutivo autonómico está limitado por el marco autonómico para adoptar medidas efectivas para acabar con la precariedad, reducir los contratos temporales, limitar la subcontratación, mejorar las condiciones laborales o flexibilizar los horarios de trabajo, Así lo reconoció ayer el Parlamento de Gasteiz al debatir el Plan de Empleo 2007-2010 elaborado por el Gobierno de Lakua y al aprobar una propuesta que reclama medidas para combatir esa falta de capacidad legislativa.
El Parlamento debatió en comisión durante cinco horas el plan de Empleo 2007-2010 del Gobierno de Lakua, aprobado el pasado mes de julio en consejo de Gobierno, y que fue presentado ayer por el consejero de Trabajo, Joseba Azkarraga.
Tras el debate, al única propuesta que salió adelante fue la del grupo de Ezker Abertzalea, apoyada por PNV y EA, en la que constató el agotamiento del actual marco para desarrollar políticas de empleo efectivas. Por ello, el Parlamento subrayó la necesidad de impulsar medidas concretas para combatir la falta de capacidad legislativa en esta materia
El propio Azkarraga reconoció que prácticamente no existe «ningún margen de maniobra en materia de regulación de contratos, salarios o cobro de prestaciones» por lo que «las medidas aplicables desde la Administración vasca son limitadas y de menor eficacia.
El consejero insistió en la reclamación del traspaso de las competencias en materia de políticas de empleo, cuestión que calificó de «decisiva» y sobre la que denunció la «cicatería» del Gobierno español. Aunque PSE y PP pidieron la retirada del texto, no lograron que fuera devuelto al Gobierno, al votar en contra de su propuesta tanto los grupos del tripartito (PNV, EA y EB) como Ezker Abertzalea.
El grupo abertzale finalmente no solicitó la retirada del texto, pero censuró con dureza el proyecto del Ejecutivo. Su portavoz, Nekane Erauskin, aseguró que se trata de un documento «vacío de contenido» y que supone «una mera continuación del anterior» plan.
Sumarse al acuerdo español
En una de sus enmiendas, el PSE trató de que la Cámara instara al Gobierno a impulsar en la CAV el acuerdo suscrito en junio de 2006 entre los agentes sociales y el Ejecutivo español para el fomento del empleo estable.
La parlamentaria de EA Nekane Altzelai justificó el rechazo a esta propuesta por respeto a los sindicatos vascos más representativos que no participaron en el mencionado acuerdo.
Para la parlamentaria del PP Esther Martínez las medidas del plan «son la nada más absoluta. Ni ayuda a la inserción laboral, ni a crear empleo ni a mejorar la calidad del trabajo»
El consejero de Empleo reiteró la demanda de traspaso de competencias porque las medidas que puede aplicar la Administración autonómica «son limitadas y de menor eficacia».
El grupo de Ezker Abertzalea no solicitó la retirada del texto presentado por Joseba Azkarraga, pero criticó que se trata de «una mera continuación del plan de empleo anterior» y «vacío de contenido».
Entre los principales objetivos del III Plan Interinstitucional de Empleo se encuentra la consecución de «un pleno empleo estable y de calidad». Para ello, se fija como fines concretos, lograr en 2010 una tasa de empleo global del 73% en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, frente al actual 67,8%.
Otra finalidad es pasar del actual 58,3% de la tasa de empleo femenino al 62,5% en 2010. El tercer objetivo es llegar a una tasa de empleo del 47% para el colectivo de 55 a 64 años, un porcentaje que está ahora en el 43,4 por ciento. El Gobierno también se propone reducir a la mitad el diferencial entre la tasa de temporalidad de CAV y la media de la UE-25, que al cierre del año pasado eran del 25,3% en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y del 14,5% en la Unión. El coste económico de este Plan es de 233,6 millones de euros, distribuidos entre los cuatro ejercicios en los que se aplicará.
Hasta ahora el plan ha recibido el rechazo del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), que emitió un informe negativo con las críticas de Confebask, así como de los sindicatos. Para LAB, el plan pone de manifiesto «la nula voluntad del Ejecutivo de Ibarretxe para confrontar con el Estado y conformar un marco propio de relaciones laborales», y su contenido es sólo «una mera gestión resignada de los escasos márgenes que deja la legislación estatal», sin apenas compromisos. UGT criticó que se apruebe sin el acuerdo de empresarios y sindicatos, mientras CCOO lamentó que el Ejecutivo no asuma las competencias de las políticas activas de empleo dentro del actual marco autonómico. El CES no ha emitido informe al respecto.
