La polémica en torno a la salida de Txato Núñez del Athletic parece haber llegado a su fin. La magistrada Inmaculada López Lluch, suplente de Carmen Santos en el juzgado número 8 de lo social de la capital vizcaina, ausente por vacaciones, emitió ayer una sentencia en la que insta a la entidad de Ibaigane a pagar 900.000 al ex jugador. La juez no considera su salida como «un despido», sino como una «resolución de contrato».

Por tanto, el Athletic tendrá que hacer frente, de manera íntegra, a la cláusula de blindaje que recogía el contrato de Núñez. Sin embargo, la sentencia exime al presidente del Athletic, Fernando García Macua, de ser responsable solidario de la situación, tal y como reclamaba el ex delegado del primer equipo rojiblanco. Junto a ello, la entidad de Ibaigane tampoco tendrá que hacer frente a los 250.000 euros que Núñez pedía por los «perjuicios físicos y morales» que le había causado la situación originada a su alrededor.

Casi cinco meses de polémica

Con todo ello, se pone fin a uno de los capítulos más tristes de los últimos años en el entorno del Athletic. El mismo comenzó la pasada pre-campaña electoral, cuando el entonces pre-candidato, el 25 de junio, García Macua, anunció que en caso de vencer en los comicios no contaría con los servicios de Núñez y Padilla. Dos nombres, especialmente el del tolosarra, que habían quedado en una delicada situación a raíz de unas declaraciones que efectuó Javier Clemente después de ser cesado en el verano de 2006.

Así las cosas, Fernando García Macua se presentó en el ruedo electoral con una promesa que denostaba a dos activos del club.

Finalmente, el abogado bilbaino llegó al sillón presidencial de Ibaigane. Desde allí, ejecutó las salidas de ambos, pero también la de Dani Ruiz-Bazán. Una figura, cuyo nombre no había aparecido en campaña, que apenas tardó unos días en salir del club. Y es que no cabe la menor duda que para García Macua era más sencillo decir que no contaba con Núñez y Padilla que anunciar su intención de prescindir del segundo máximo goleador de su historia.

En lo concerniente al galeno y a Dani, no hubo mayores problemas, pero sí en el de Núñez, que se vio relegado de sus funciones como delegado del primer equipo. Así, presentó dos demandas ante el servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección de Trabajo de Lakua en las que reclamaba al club rojiblanco un total de 1.150.000 euros. De ese total, 900.000 hacían referencia al blindaje de su contrato, mientras que los 250.000 restantes eran concepto de «perjuicios físicos y morales». El equipo de García Macua, en cambio, llevó el tema a la asamblea de compromisarios. Allí, defendió su negativa a pagar dicho blindaje y que fuera un juzgado quien dictaminase sobre el caso.

«Fin de los contratos blindados»

En un comunicado publicado en su página web, la junta del Athletic señaló que «con esta sentencia se da por cerrado el ciclo de contratos blindados».

Los responsables del conjunto de Ibaigane estimaron como «muy positivo que se desestimen las acusaciones de acoso moral y hostigamiento presentados por José María Núñez contra el presidente del Athletic».