La muerte de decenas de niños afganos a causa de disparos realizados por los guardias de seguridad de varios diputados tras el atentado en una fábrica azucarera de la ciudad de Baghlan, el pasado 6 de noviembre -en el que fallecieron más de 80 personas, 70 de ellas menores de edad, y resultaron heridas otras 100-, ha incrementado la desconfianza e inseguridad respecto a las autoridades del país.

Entre el personal de seguridad que había en el lugar del ataque, del que los talibán negaron toda responsabilidad, se encontraban policías locales y equipos de guardaespaldas de cada parlamentario que integraba el grupo que había acudido a visitar las instalaciones. El nuevo informe de Naciones Unidas, elaborado por el grupo Swisspeace, indica que, al parecer, varios milicianos se infiltraron entre la multitud dentro de la fábrica, según «The Washington Post».

El primer informe de la ONU en relación a aquel trágico suceso concluye que la mayor parte de los setenta niños que fallecieron en el que se considera el atentado más grave de Afganistán post-talibán recibieron disparos de las metralletas de los guardaespaldas de los diputados afganos que, tras la explosión, abrieron fuego sobre la muchedumbre allí congregada.

Ese documento, realizado por la misión de asistencia de la ONU en Kabul y que fue revelado por la agencia de noticias Associated Press, asegura que algunos guardias de seguridad dispararon «deliberada e indiscriminadamente» a la multitud y causaron la tercera parte de las muertes de ese día. Además, denuncia que las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por encontrar a los responsables de los disparos.

Críticas y teorías conspirativas

El suceso ha generado fuertes críticas procedentes de todos los sectores contra los pobres índices de seguridad en Afganistán, ha creado teorías conspirativas y, sobre todo, ha incrementado la preocupación sobre el alto número de antiguos milicianos antisoviéticos que están siendo contratados como guardias de seguridad, asegura «The Washington Post».

El nuevo informe de la ONU elaborado por Swisspeace asegura que firmas de seguridad afganas y extranjeras tienen a su servicio a entre 18.500 y 28.000 personas y señala que aunque proporcionan seguridad a sus clientes son vistas por la opinión pública como generadoras de desconfianza e inseguridad» debido a sus vínculos con jefes de la milicia local, la presencia de guardaespaldas fuertemente armados, su comportamiento con los civiles y su supuesta relación con crímenes.

Muerte de Kazimi

La falta de explicaciones acerca de lo sucedido en Baghlan ha dado lugar a rumores sobre conspiraciones en el seno del Gobierno títere de Afganistán, muchas de ellas centradas en la muerte en Baghlan del diputado Sayed Mustafa Kazimi, antiguo ministro de Comercio que se había convertido en uno de los mayores críticos con Karzai.

Este chíta hazara, líder y fundador de Hizb-e-Wahdat Islami Afghanistan, el principal grupo mujahidin de esa etnia, era considerado como un político «en alza» en el país, con gran proyección de futuro, y se había convertido en el principal líder de la oposición y en una referencia clave. Además, su capacidad para posibilitar puentes de comunicación entre las diferentes facciones y etnias le auguraba una posición estratégica en cualquier proyecto de futuro.

Desde su fallecimiento, los carteles con su imagen bajo la palabra «mártir» son habituales en Kabul. Algunos políticos opositores han sugerido que el Ejecutivo orquestó el ataque para deshacerse de Kazimi, que se preparaba para ser el rival de Karzai en las elecciones.

Pero al margen de la dimensión política que ha adquirido el atentado de Baghlan y las irregularidades demostradas, las familias de las víctimas también piden explicaciones.